Tales conceptos fueron vertidos tras conocerse la liberación de una remesa de 26 millones de pesos que la Cámara estaba gestionando, con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia.

“El arribo de fondos solía ser normal, ahora lo que nos perjudicó terriblemente es la demora en el envío”, explicó el directivo y resaltó que la operatividad del FET “debe tener más agilidad y menos burocracia”.

Dijo que con los recursos recientemente liberados, “no se logra mejorar mucho”, puesto que “vencieron los plazos de varias obligaciones y los costos financieros ya están aplicados”.

“Por eso esto es una lucha permanente, tenemos que seguir trabajando por los otros recursos que aún están pendientes, de modo que lleguen en tiempo y forma”, enfatizó Pascuttini.

Por otra parte, el ministro de Producción de la Provincia, Gabriel Romarovsky, confirmó que el envío del Fondo Especial del Tabaco para los productores jujeños.

“Se depositó una parte del FET que se le adeudaba a Jujuy, los recursos llegarán gradualmente, pero seguiremos buscando mejorar la fluides de estos recursos”, precisó y agregó que “el trabajo con la Cámara y la Cooperativa de Tabacaleros sigue siendo constante para el abordaje de estos recursos, desde el Ministerio buscamos propiciar y organizar programas”.

Pascuttini, además, exteriorizó su confienza en que se resolverá este problema en breve, atento al avance de las gestiones realizadas no sólo a nivel de Cámara, sino también desde de la Federación Argentina de Productores Tabacaleros, con el apoyo del Ministerio de la Producción.

La demora de la transferencia de los recursos del FET afecta a los productores tabacaleros y a toda la estructura económica y comercial que depende esta actividad. El principal problema es el incumplimiento en el plano salarial, las obligaciones que asumidas, no sólo con los insumos de la campaña, sino con todo lo que hace a bancos y la cadena de la producción, resultando lesionado todo el circuito de producción.

El sistema productivo argentino no sería viable sin la existencia del Fondo Especial del Tabaco, el cual tiene una participación importante en lo que recibe el productor.

Este podría pagar sólo salario con lo que entrega en un acopio, pero no puede pagar la luz, el gas, los insumos que necesita. El balance productivo cierra con la suma de lo que es acopio más FET, por ello preocupa tanto todo lo que Nación adeuda.

A esta altura del año el productor tiene que empezar a diagramar su proceso productivo y la Cámara definir la orientación de la asistencia a sus socios, pero con la incertidumbre reinante no se puedes tomar ninguna acción hasta tanto se conozca el criterio definitivo con el que procederá a futuro la Secretaria de Agricultura de la Nación.

Intereses desbordados

que atentan contra un

destino de crecimiento

El conflicto instalado por la dirigencia sindical en el ingenio La Esperanza presiste sin razón y, por lo tanto, los argumentos que sostienen sus artífices se desgranan sin más remedio de cara a la realidad. Cuando este capítulo de la historia reciente de la planta azucarera llegue a su fin, quedará patentizado en la memoria de propios y ajenos como un antecedente de peso que condicionará futuras decisiones, como pauta de lo que no se debe hacer en la carrera gremial.

Los días transcurridos entre denuncias y medidas desproporcionadas, dejaron a la vista las apetencias internas del gremio, las que derivaron en una situación que sólo dejó perdedores en el camino y se hace alusión no solo a los interesados directos, sino también a la comunidad sampedreña toda, incerta en una ciudad cuya dinámica comercial y social guarda estrecha vinculación con la operatividad del ingenio. En este marco de flagrante imprudencia, hasta se llegó a mencionar la intención de alejar a Benito Roggio Agroindustrial de la administración de la planta fabril. ¿Para qué? ¿Para que lleguen otros capitales dispuestos a invertir y terminen corriendo la misma suerte que la actual arrendataria? A todas luces, un total desacierto.

El bloqueo al que es sometido el ingenio impide el ingreso de los trabajadores, de camiones, de repuestos, de insumos para la maquinaria, de combustible, de fertilizantes y otros tantos elementos indispensables para el proceso productivo. La planta está paralizada. Cabe entonces preguntar: ¿Quién se beneficia con esto?

Tampoco se puede acceder a las oficinas administrativas para continuar con las compras, las ventas, los pagos y los cobros, acciones de índole administrativa que no pueden ser interrumpidas en ninguna organización empresarial, menos aún en una de la envergadura de La Esperanza.

Benito Roggio Agroindustrial tiene arrendado el ingenio hasta 2013 y, simultáneamente, concentra denodados esfuerzos a la obtención de propiedad definitiva, a través del canal del avenimiento.

“Desde que ingresamos al ingenio, estamos trabajando para quedarnos y, en ese marco, se efectuaron inversiones que exceden el período de arriendo con el objetivo de alcanzar la propiedad”, definió con contundencia el gerente de Relaciones Institucionales de la compañía, Agustín Heredia, ratificando al mismo tiempo que Roggio llegó a San Pedro para quedarse.

Cualquier arrendatario sin interés en lograr una solución definitiva y sustentable en el tiempo para La Esperanza hubiera limitado su accionar en las reparaciones mínimas e indispensables de la planta, en sólo cosechar la caña existente y evitar cualquier erogación amortizable en el largo plazo. Un ejemplo que ilustra con absoluta fidelidad este compromiso, es la implementación del sistema de riego por goteo.

Es tiempo de urgentes replanteos gremiales. Oportunidades de saneamiento definitivo y firme incersión en el mercado, no pasan todos los días por los portones, hoy incomprensiblemente ocupados, de La Esperanza.

Un proyecto se ocupa

de la violencia laboral

En comisión, diputados provinciales pusieron en marcha el análisis de un proyecto de ley concebido para prevenir, asancionar y erradicar la violencia laboral en el ámbito de la administración pública, entes autárquicos, organismos descentralizados, empresas con participación estatal mayoritaria y sociedades de economía mixta.

Se entiende por violencia laboral las acciones y omisiones de quienes, en ocasión del ámbito o relación laboral, atenten contra la dignidad, integridad física, pricológica y social del trabajador, mediante acoso sexual, abusos, ataques, amenazas, intimidación, amedrentamiento, inequidad salarial, trato discriminatorio y maltrato físico.

Entre sus argumentos, la iniciativa consigna que la violencia es uno de los modos más simples utilizados por las personas para mantenerse en el poder, para mantener la supremacía, para imponer la propia voluntad a otros, para usurpar el poder, la propiedad y aún las vidas ajenas.

Advierte que el fenómeno de la violencia laboral conculca el derecho al trabajo, a la salud y a la seguridad, implicando una práctica palmariamente violatoria de la dignidad humana que provoca consecuencias sumamente perjudiciales sobre la integridad psíquica y física, la confianza, la autoestima y el rendimiento de las personas.

Los legisladores procuran generar contextos cada vez menos fáciles para el desarrollo de la violencia en el sector público. Su erradicación solo será posible si desde diferentes ámbitos se impulsa acciones positivas que impidan su desarrollo, que conformen un cerco frente al cual la violencia tenga menos posibilidad de aparecer y extenderse. Este proyecto pretende prevenir conductas violentas y mejorar los vínculos en relaciones laborales.

Advierte que existe una discriminación negativa basada en el sexo, consolidada en pautas culturales de sumisión y que en el devenir histórico produjo la “naturalización” de la violencia de género. Estas pautas también se reproducen en el ámbito laboral.

Uno de los pilares en el que se sustenta el Estado de Derecho es la dignidad de la persona y el respeto a los Derechos Humanos. Nuestra Constitución Provincial, haciendo eco de estos principios, en su artículo 18, inciso 1, expresamente consagra el derecho al reconocimiento de la persona humana y su eminente dignidad, estando obligados todos los órganos de poder público a respetarla y protegerla. Aún pensando en la productividad de un país y no solo en el bienestar individual de sus ciudadanos, es indudable que este estado de salud repercute en el rendimiento del trabajador, sea por reducción de la calidad de sus labores, el alejamiento en sus funciones, el abandono físico y estético, la desvalorización o los accidentes en el manejo de materiales o instrumental, es decir, al mismo tiempo se verifican impactos negativos en las organizaciones, puesto que se distorsiona el clima de confianza y respeto necesario para el desarrollo de las tareas propias del trabajo, aumenta el ausentismo, incrementando los costos laborales, disminuyendo así la productividad del personal. Esta desmotivación laboral e3s llevada por la víctima también a su hogar y a su vida social, replegándose cada vez más en el ámbito privado y automarginándose de la participación activa y, por lo tanto, afectando a toda la comunidad.