Tras más de cuatro años de investigación, se estableció que los universitarios santiagueños pagaron hasta $600 para que les cambiaran la calificación de los exámenes y así poder “aprobar”.La investigación, en los primeros tramos, de la Facultad de Derecho, generó conmoción en Tucumán y en el estudiantado de varias provincias.
Los dos santiagueños implicados, el ex concejal de Loreto, Daniel Juárez Múas, y el termense, Hernán Guillermo Valdez, tampoco podrán solicitar su pase a una universidad privada. Es decir, que virtualmente, ambos fueron expulsados, por cinco años de todas las carreras de grado que se dictan en la Argentina.
El rector Juan Alberto Cerisola informó al Consejo Superior de la casa de altos estudios que, en el ámbito de su competencia (el alumnado), se atendrá a lo dictaminado por Ricardo Bascary, director de Sumarios de la UNT e instructor de la investigación administrativa de las irregularidades halladas en Derecho, en el año 2007.
“Se ha decidido proceder al dictado de los actos administrativos en el sentido sugerido”, manifestó, a través de una resolución, al órgano consultor de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).
Lo dicho significa que Cerisola sancionará a los dos implicados santiagueños y a casi 100 estudiantes que, según la investigación interna, no pudieron justificar por qué “aprobaron” asignaturas sin que hayan logrado probar que rindieron el correspondiente examen.
No obstante ello, el rector de la UNT anunció que se utilizará un término diferente al que se usó en el dictamen: “Tratándose de una sanción que implica la inhabilitación transitoria (cinco años) de las personas involucradas para desarrollar toda actividad en cualesquiera de las facultades y escuelas de la UNT, se ha optado por utilizar la expresión ‘suspensión’ en lugar de la ‘expulsión’ aconsejada”.
Según fuentes de la casa de altos estudios de Tucumán, pese a que el dictado del acto administrativo estatutariamente compete al Rectorado, Cerisola procedió a informar sobre el particular al Consejo Superior, puesto que se trata del máximo órgano deliberativo de la UNT, y como tal no puede permanecer ajeno a las decisiones que adopte en un tema de “tanta trascendencia”.
A continuación, el Consejo, en sesión especial, sometió el informe a votación: según fuentes consultadas, 24 miembros apoyaron su contenido y dos se abstuvieron (José Luis Vázquez, decano de Derecho, y Víctor Amaya, consejero estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras).
Trascendió, además, que el Rectorado tiene previsto concluir el dictado de los actos administrativos -son individuales- antes de que finalice este mes y que recién dará acceso a las resoluciones cuando los alumnos sean notificados.
Vázquez no votó para evitar incurrir en prejuzgamiento. Ocurre que el decano debe resolver la situación de los no docentes implicados en la adulteración de notas. Respecto de ellos, Bascary sugirió aplicar tres exoneraciones, dos cesantías y cuatro apercibimientos. El Decano dictaría el acto administrativo en los próximos días, después de que la Justicia Federal emita un informe respecto de la situación procesal del personal imputado en la causa iniciada para determinar las responsabilidades penales del caso.
Comentá la nota