Por medio de la Resolución 1169/2008 de la Secretaría de Energía, se estableció un fuerte aumento de tarifas al consumo de electricidad y gas por medio de una quita progresiva de subsidios para los sectores de mayores consumos. Esta medida provocó una gran resistencia por parte de la sociedad, incluyendo reclamos de los usuarios, demandas judiciales, y una gran presión del Congreso al Poder Ejecutivo Nacional.

Para descomprimir la situación, el Gobierno Nacional a través de la Resolución 652/09 de la Secretaría de Energía estableció una salida transitoria consistente en la suspensión total de los aumentos que estaban previstos para los consumos de los meses de junio y julio y luego una reducción parcial del 70% de las subas que se tenían que cobrar en el período agosto-setiembre.

El mismo esquema de alivio tarifario volvió a aplicarse durante este año por Resolución 347/10 de la Secretaría de Energía. Tras haber facturado los aumentos de hasta el 300% entre octubre y mayo, las empresas eléctricas y gasíferas recibieron la orden oficial de suspender en forma total ese ajuste entre junio y julio. Luego, en los consumos de agosto y setiembre, se ha vuelto a facturar el equivalente al 30% de los aumentos en juego, es decir que se redujo una vez más el 70% de la suba original.

La realidad de las provincias y la nación ha demostrado que el reajuste, a más de ser abusivo y desproporcionado, no ha tenido en cuenta los diferentes tipos de climas de nuestro país y las asimetrías que existen entre las distintas regiones al no contar con los mismos recursos energéticos, como ser el Gas Natural en las provincias integrantes de la región NEA.

El Ministerio de Planificación Federal informó que en el año 2009 por la mayor demanda residencial producto de las bajas temperaturas, se restituyó durante los meses de junio y julio el 100 % del subsidio a los hogares de mayor consumo, para evitar distorsiones que podían producir el uso intensivo de calefacciones eléctricas o a gas. Y dado que en agosto y setiembre comienzan a subir las temperaturas y se reduce la demanda residencial de energía, se restituyó sólo el 70 % del subsidio a esos usuarios de mayor consumo.

Sin embargo, si bien estas apreciaciones se adecúan a los consumidores ubicados en el centro y sur del país, no son exactas cuando nos referimos a los habitantes de las regiones NEA y NOA.

Una ingeniosa campaña publicitaria que aparece en diversos medios de comunicación y empapela las calles de la ciudad de Buenos Aires, resalta que “toda la luz de una casa un día entero cuesta menos que un alfajor”, o “que un café”, o “que enviar tres mensajes de texto”, o “que un par de velas”, acompañada de una leyenda explicando que “9 de cada 10 domicilios de Capital y GBA pagan menos de 1,33 pesos de luz por día desde 1992”.

Debemos tener en cuenta en primer lugar, que el ingreso promedio de un trabajador en la Ciudad de Buenos Aires es de 4 a 5 veces superior al ingreso promedio de un Chaqueño, Correntino, Formoseño o Misionero y por el contrario, la tarifa que se paga por la electricidad en Buenos Aires es sustancialmente más barata que la que debemos afrontar en las provincias del NEA.

Es correcto que el Estado subsidie a las personas necesitadas. Es una herramienta elemental de política redistributiva. Pero sucede que una porción muy significativa de los subsidios beneficia a hogares de clase media y alta. Un método para estimarla, parte de suponer que los hogares con consumos bimestrales mayores a 1.000 KW conforman ese segmento social. Según datos del Ministerio de Planificación esa franja abarca a 750.000 hogares (sobre un total de 10 millones), que reciben anualmente algo más de 1.000 millones de subsidios. Seguramente hay casos de familias con altos consumos y escasos ingresos. Tan real como que hay otras de ingresos elevados, pero que consumen menos de 1.000 KW y por lo tanto se benefician con el precio de la energía más bajo.

Por otro lado, debemos poner de relieve que los beneficiados por estas tarifas, fruto de los subsidios estatales, son sólo los habitantes de las provincias del centro y sur del país. Los ciudadanos de las provincias del NEA y NOA debemos afrontar tarifas altísimas, que no guardan relación con el $1,33 de luz diarios que se abonan en Buenos Aires.

Es evidente, que mediante esta desacertada política, se está dejando de lado principios de Solidaridad, Igualdad y Equidad que deben ser rectores en esta materia, ya que se está dejando fuera a un amplio sector del país, en manifiesta violación del artículo 16 de la Constitución Nacional.

Lo cierto es que el subsidio benefició mucho más a las regiones frías del país. En el NEA y el NOA, un subsidio a los consumos altos tendría un efecto más positivo, justamente, a partir de octubre y hasta el mes de mayo, período en el cual las altas temperaturas hacen indispensable el uso de aires acondicionados, ventiladores y freezers (congeladores), por ser artículos de primera necesidad y no de lujo. En estas zonas los inviernos no son crudos, ni es indispensable el uso de calefacciones, como sí lo es en el resto del país.

Es decir que, si la finalidad de las resoluciones 652/09 y 347/10 de la Secretaría de Energía fue subsidiar las tarifas por el aumento de los consumos originados en la estacionalidad, éste objeto no fue cumplido en las regiones del NEA y NOA, ya que en ellas, la estacionalidad es inversa: son verano y primavera los tiempos de mayores consumos, con temperaturas máximas que rondan los 50º C.

Podemos mencionar como ejemplo los consumos durante la época mencionada de una casa con un solo aire acondicionado de 2.200 frigorías, una heladera con freezer, otros artefactos comunes y siete lamparitas incandescentes -focos comunes- de 100 w gastan unos 1.800 kilo watts finalizado el bimestre. Esto es importante tenerlo en cuenta porque el tarifario eléctrico establece costos para las franjas hasta 1.000 kilo watts, hasta 1.400 kilo watts, hasta 1.800 kilo watts y así sucesivamente hasta la categoría más alta, de más de 2.800 kilo watts, dependiendo de las tarifas de las distribuidoras.

Por todo lo expuesto, se pidió a la Comisión de Energía y Combustible de la Cámara de Diputados de la Nación, solicite al Poder Ejecutivo Nacional a través de una proyecto de resolución -que tiene un dictamen de mayoría- instar para que en las provincias ubicadas en el NEA – NOA se suspenda la aplicación de las resoluciones de la Secretaría de Energía mencionadas y para que se cumpla con la finalidad de que los Precios Estacionales a ser abonados sean realmente acordes a la situación existente en el período estacional.