Por primera vez en la provincia, uno de sus jueces respetó lo establecido en la Ley Nacional 26.160 y decidió suspender el proceso penal que se seguía contra la comunidad diaguita de los Cholonkas, por el plazo de cuatro años.
El fallo de Gálvez era a favor de Graciela Alvarez, una particular que había denunciado por usurpación a los Cholonkas y, que a su vez, había sido denunciada por estos por igual delito. Y es que la franja que se encuentra sobre ruta Nº 29, a la salida de Vaqueros y camino a Lesser, es reclamada por los diaguitas como territorio comunitario. Según lo denunciado por los Cholonkas, Alvarez ocupó el terreno en el que actualmente levantó una infraestructura recién en 2008, y reclamó cerca de una hectárea como suya.
Fue allí que los originarios hicieron las denuncias, pero según indicaron, siempre llegó primero la denuncia de Alvarez.
El 14 de febrero pasado, Torres Galvez decidió ordenar el desalojo de los Cholonkas, desestimando el reclamo que realizaban en el marco de la ley 26.160, tomando como referencia además, el dictamen del fiscal correccional Guillermo Akemeier. Los damnificados pidieron la nulidad del fallo, lo cual fue rechazado por Gálvez, quien tras ser presentada la apelación, la elevó a Granata.
Para la abogada, la importancia de este fallo que ayer generó tranquilidad y alegría entre los Cholonkas, es que va a sentar un precedente para todas las comunidades que se encuentran amenazadas de ser víctimas de un desalojo, a través de causas que ya se encuentran en la Justicia. Y es que hasta ahora, ningún juez de la provincia había decidido en esta línea, favoreciendo a las comunidades.

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