El primer aborto no punible de la Ciudad fue suspendido ayer tras la presentación de un recurso judicial por parte de la organización católica Pro Vida, que se opone fervientemente a esta práctica, a pesar del fallo de la Corte Suprema de Justicia y la sanción, posteriormente vetada por el macrismo, de la ley que la regula.

Ayer, en el Hospital Ramos Mejía de la Capital Federal, se iba a llevar a cabo la operación a una mujer de 32 años, cuyo caso pasó por todas las instancias legales y fue finalmente aprobado, ya que se trata de una víctima de violación y trata de personas, y se encuentra dentro de los plazos permitidos de gestación.

Sin embargo, Pedro Andereguen, abogado de la Asociación Pro Familia, señaló en la puerta de ese centro de salud que "no se va a realizar el aborto tras la notificación de la medida judicial".

Andereggen precisó al abandonar el Ramos Mejía que "fue notificada de la decisión judicial la Dirección del hospital y la paciente", al insistir que la realización de un aborto "es contraria a derecho".