El comisario Ernesto González no prestará servicios por 10 días por orden de la Inspección General de Seguridad. Es por no haber comunicado supuestas irregularidades a ese organismo de control.
El ente que supervisa las acciones de las fuerzas de seguridad en todo el territorio provincial decidió sancionar a González por no haberles avisado “en forma inmediata las irregularidades denunciadas”, tal como reza el texto de la resolución emitida ayer por la IGS.
El caso, que fue revelado por Diario UNO en su edición de este jueves, ocurrió en julio, cuando la empresa sismográfica Apache Petrolera y Global Geophisical solicitó servicios extraordinarios para custodiar equipamiento muy costoso que fue utilizado para hacer estudios en la zona.
La compañía pidió la protección de seis efectivos. A cambio de los servicios extraordinarios que realizan los policías, la multinacional cancelaría esa prestación y además pagaría el arreglo de una camioneta Ford Ranger, perteneciente a la Policía Rural del Este, por un total de $20.000.
La empresa entregó el dinero para pagar la reparación del móvil policial, pero el arreglo nunca se realizó. Mientras que los servicios extraordinarios habrían sido abonados en persona a los efectivos en lugar de hacerse por un depósito bancario.
Los hechos fueron admitidos por el mismo González ante este diario el miércoles. Pero la falta de comunicación oficial de esas irregularidades ante la IGS motivó que fuera suspendido por diez días.
Si bien el organismo de control tendrá que determinar las responsabilidades de los efectivos y de los funcionarios e indagar en el destino final de los fondos privados, el titular de Seguridad, Carlos Aranda, anticipó que “hay documentación presentada que varía la situación inicial”.
El ministro indicó también que “si hay una empresa que apoya a la Policía, hay maneras de formalizarlo. Pero si se piden seis efectivos y después, por cualquier motivo, se prestan sólo cuatro, eso tiene que quedar en los papeles”.
Más controles
Más allá de las sanciones y las investigaciones que abrió la IGS, el Ministerio de Seguridad hará más controles en los servicios extraordinarios.
Si bien este tipo de prestación es un derecho que tienen los efectivos para brindar servicios de custodia, los hechos detectados en el Este levantaron sospechas sobre la manera como se contratan.
“Queremos tener un control exacto de los objetivos que están señalizados como servicios extraordinarios, sobre quién es el responsable del servicio. Esto es para cruzar la información, porque el servicio se tiene que contratar en el Ministerio, con un depósito judicial y un responsable, y puede haber pasos formales que no se estén cumpliendo”, tal como explicó a este diario Aranda.
El Estado tiene la obligación de prestar servicios extraordinarios de seguridad en bancos y entidades financieras, pero el resto de las actividades que requieren custodia policial, como el caso de la empresa que se instaló en San Martín, son voluntarios y también representan un costo.
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