Suspenden a histórico dirigente gremial

La comisión directiva de la Asociación Empleados de Comercio de Rosario suspendió preventivamente y por 45 días al secretario general del gremio, Rubén Ghioldi, a raíz de las denuncias por administración fraudulenta que recaen sobre él; su sobrina y apoderada legal del sindicato, Susana Treviño, y el secretario de Finanzas, Oscar Fernández.
La medida, que fue comunicada ayer a todos los afiliados, implica la suspensión preventiva de Ghioldi "sin prestar servicios y sin concurrencia a los lugares de trabajo".

Treviño, en tanto, fue suspendida por cuatro meses por el Tribunal de Etica del Colegio de Abogados, entidad donde se había radicado una denuncia en su contra y permanece también suspendida por el gremio, su obra social (Osecac) y la mutual sindical (Amecro).

Por su parte, Fernández se está reponiendo de una cirugía y ya habría comunicado a la comisión directiva que acatará lo que esta resuelva. Se descarta que también será la suspensión. Sobre el secretario de Finanzas recaen denuncias que indican que se habría autoconcedido un préstamo de 9 mil pesos a devolver en 18 cuotas sin intereses.

Según destacaron ayer las fuentes consultadas, Ghioldi "sólo podrá ingresar a la sede del gremio si es que viene a comprar remedios y, en ese caso, deberá hacerlo acompañado por el personal de vigilancia".

El descargo del histórico dirigente mercantil llegará el 2 de julio y deberá hacerla ante la asamblea general del gremio, que en ese lapso será conducido por el prosecretario general, Víctor Trovato.

Ghioldi tiene 87 años y el mes en que afrontará a esa asamblea debería cumplir 42 al frente de la Asociación Empleados de Comercio de Rosario. En 2007 fue nombrado ciudadano distinguido de la ciudad.

Las denuncias en su contra se tramitan en el Juzgado de Instrucción Nº 10. En el expediente 147/2010 constan pruebas que acreditarían que autorizó a Treviño a que "dispusiera en su provecho de fondos del gremio". Además, avalarían la denuncia que indica que tanto él como su sobrina y Fernández habrían autorizado y pagado gastos con fondos de la asociación sin haber sido avalados por la comisión directiva.

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