JUSTICIA. EL PROCESO PARA REMOVER JUECES POR EL JURY POSEE CUATRO AÑOS DE EXISTENCIA. La juez Civil, Comercial y Laboral de Santo Tomé, Graciela Beatriz Duarte, el pasado viernes fue notificada de una acusación en su contra por “mal desempeño” de sus funciones. Con el trámite la magistrada quedó además suspendida en su cargo y a partir de ese momento corre un plazo de 120 días para que el Jurado de Enjuiciamiento avance hacia la destitución, o no, de la juez en cuestión. El disparador de la situación fue una larga lista de amparos y medidas cautelares otorgadas por Duarte a gendarmes y prefecturianos para recalcular, en beneficio de los peticionantes, ítems “en negro” de salarios.

El Jurado de Enjuiciamiento con rango constitucional deberá resolver próximamente si concreta la segunda destitución en lo que va de su constitución, o bien desestimar la reciente acusación de mal desempeño en el cargo en contra de una juez del fuero provincial. La imputación fue hecha días atrás por parte del Consejo de la Magistratura.

El Jury, con rango constitucional, funciona tras la Reforma de la Carta Magna de 2007 y tuvo su estreno en septiembre de 2009 con otro juez provincial, Pablo Fleitas, de Mercedes que se desempeñaba como titular del Juzgado de Instrucción y Correccional. Tras la recopilación de pruebas acusatorias fue eyectado del cargo. (Ver aparte)

Para el caso Duarte un expediente de importantes proporciones figura en el sitio Web del Poder Judicial de la provincia. Allí el escrito relata paso por paso cómo se dio el trámite que ahora tendrá que definir el Jurado de Enjuiciamiento. Por ejemplo, describe una inspección hecha en las oficinas de la sede judicial en Santo Tomé que capitaneaba la juez en lo Civil, Comercial y Laboral; al frente de los inspectores estuvo uno de los cinco ministros que integran el Superior Tribunal de Justicia (STJ), Guillermo Semhan, y tras la requisa se elaboró un acta que ahora forma parte de las pruebas acusatorias contra la magistrada.

Detalles de la causa

Si bien el expediente acusatorio hacia Duarte abunda en detalles técnicos, algunas partes grafican el escrito contra la juez, documento que se encuentra disponible en la página Web del Poder Judicial de la provincia: “En diciembre pasado el STJ envió al Consejo de la Magistratura y a la Fiscalía General las actuaciones de la juez Duarte. Con carácter preventivo se le ordenó abstenerse de dictar medidas cautelares improcedentes contra el Estado nacional y organismos nacionales, y además se le inició un sumario administrativo”, dice un extracto.

Más adelante da cuenta de el “Expediente Nº416 del STJ dictado el 22 de diciembre, tras una inspección realizada días atrás en esa dependencia judicial y de la cual surgieron numerosas irregularidades. Entre las que se cuenta el dictado de un elevado número de medidas cautelares en materia de Amparos contra la Nación -contra el Ministerio del Interior y organismos de seguridad de la Nación- cuyo objeto era el reconocimiento de diferencias salariales por la aplicación incorrecta de varias disposiciones de carácter nacional. Particularmente se señala en la inspección asignaciones recibidas en forma mensual por aplicación de tres decretos: 2000/91, 2115/99 y 628/92, con la pretensión de que esas sumas fueran incorporadas como asignaciones “remunerativas y bonificables” en el rubro sueldo. Como consecuencia se solicitó la correcta aplicación y devolución de las sumas adeudadas desde un decreto posterior, el 1490/02”.

Para que no queden dudas, la juez Duarte hizo lugar a muchos pedidos de amparos judiciales y medidas cautelares de efectivos pertenecientes a fuerzas de seguridad nacionales, tal como se consigna en el inicio de esta nota. Los efectivos plantearon al Estado nacional como derecho adquirido el cobro de sumas “en negro”.