Por las mismas cosas que la reforma del sistema judicial penal recibe críticas, el ministro de Justicia, Héctor Superti, las invierte y las considera "síntomas de que hay un cambio resistido por sectores que han perdido poder, que estaban acostumbrados a usar el dedo, y hace tres años y 9 meses que en Santa Fe no se usa el dedo para designar un juez o un fiscal". El funcionario subrayó que el Poder Ejecutivo no participa de los jurados que definen los concursos. Con eso rechazó las objeciones que el domingo planteó ante Rosario/12 el fiscal de Cámara de Venado Tuerto, Fernando Palmolelli, quien perdió la postulación para ser fiscal regional de ese nodo en el nuevo organigrama del sistema penal provincial, y se despegó del nombramiento del fiscal regional de Reconquista, Eladio García, denunciado por el gremio judicial por maltrato a los empleados de su juzgado, cuando era magistrado en San Jorge. "Son más ruidos que nueces", desestimó Superti acerca de las expresiones de algunos legisladores del peronismo que acusan al gobierno binnerista de pretender crear cargos para controlar desde adentro el Poder Judicial. "Estamos creando una Justicia nueva, y hay algunos que quieren imaginar que seguirá siendo como antes. No se dan cuenta de que ya no", enfatizó.

En diálogo con este diario, Superti analizó que "están surgiendo muchos problemas aparentes con los concursos, cuestionamientos que demuestran ignorancia del procedimiento u otras intenciones que prefiero no calificar. Son los dolores del cambio". Aludió Palmolelli, fiscal de la Cámara venadense, quien cuestionó el concurso que perdió a manos de "un ex funcionario del gobierno sin experiencia en la Justicia", por el abogado Eduardo Fajardo.

"Palmolelli aceptó el reglamento de un concurso y según dos jurados (porque debió repetirse ya que la primera vez fue declarado desierto) no alcanzó el puntaje. Entonces, luego lo cuestiona. Le recuerdo que esos jurados son integrados por listas que suministran los colegios de abogados, y universidades públicas de circunscripciones ajenas al lugar del concurso, y por el fiscal general o por el defensor provincial, según sea para el Ministerio Público de la Acusación o para el Servicio Público de la Defensa. El Poder Ejecutivo tiene un representante del Ministerio pero sin voto. No tenemos ningún tipo de injerencia", explicó el titular de Justicia. Y agregó que la selección otorga 60 por ciento de puntaje a la exposición que el postulante hace ante el jurado de su plan de trabajo en caso de que fuera designado fiscal regional. "Insisto en que ahora los concursos son públicos y transparentes; que expliquen cómo se designaban los funcionarios judiciales desde 1983 hasta 2007", desafió.

En la misma línea, el funcionario binnerista recordó que su cartera no intervino en el jurado que promovió al ex juez de San Jorge Eladio García (denunciado por maltrato a sus empleados) como fiscal regional de Reconquista. "Ganó el concurso y la Legislatura aprobó su pliego. La pregunta es, en todo caso, por qué la Corte no tomó una medida antes de que García renunciara como juez para poder asumir como fiscal. Pero son cosas del Poder Judicial en las que no me quiero meter", dijo.

Superti aludió de manera tácita al diputado provincial Alberto Monti (PJ), quien viene denunciando que el Ejecutivo pretende copar los nuevos cargos del Poder Judicial con "ex funcionarios, parientes y allegados". El ministro contestó: "Se están concursando 220 cargos de defensores y fiscales con más de 500 postulantes, y largan una caza de brujas buscando ex funcionarios que no llegan a 10, y que primero tienen que ganar el concurso, y segundo pasar por el filtro de la Legislatura. Es absurdo".

Superti prefirió valorar el principio de acuerdo del oficialismo con el PJ en la Legislatura para tratar mañana la creación de 611 cargos para el nuevo sistema penal. "Priorizo los consensos. Y si el apoyo ahora está en 600 y pico cargos, empecemos con eso. Es mentira que el Ejecutivo pretenda absorberlos, simplemente porque está mirando la Corte, la fiscalía, la defensa, la comisión bicameral de seguimiento, y el mismo sindicato de empleados judiciales que jamás permitiría que se transfieran esos potenciales afiliados al Ejecutivo", remarcó.