"Es una situación complicada porque en realidad en esos departamento que no están catastrados se manejan con números de padrón y se genera confusión. Por lo tanto no están registrados debidamente. Como consecuencia se genera superposición de parcelas y superposición de títulos. El caso de El Quimilo es un caso claro de este problema", remarcó en diálogo con El Ancasti.

Al referirse a los históricos problemas que tiene la provincia por la tenencia precaria de la tierra, -junto al subsecretario de Asuntos Institucionales, Tadeo Herrera- coincidieron en señalar que existe una "deuda constitucional" con muchos pobladores porque la Carta Magna prevé que la tierra debe tener una función social y no especulativa. La última reforma de la Constitución provincial (1988) establece la obligación del Estado de regularizar la situación dominial. El artículo 56 establece: "La Provincia completará el relevamiento catastral de su territorio dentro del plazo de 5 años y la ley reglamentaria dispondrá lo necesario para el saneamiento de los títulos de propiedad".

Además, puntualizó en la preocupación que se genera en el aspecto productivo porque la falta de regularización dominial también es un obstáculo para las inversiones en la provincia.

Rosales opinó que se trata de una labor que demanda gran cantidad de recursos y mayor inversión. "Estamos dispuestos porque así lo ha pedido la Gobernadora, se están tramitando recursos y es un trabajo que no se hace de un día para otro son muchos de retraso", indicó. Y recalcó que a diferencia de la gestión anterior ahora existe voluntad política para emprender la labor.