Para el común de los jueces y fiscales, la dupla Rubín-Sotelo es la que pone en riesgo la institucionalidad de la Justicia correntina. Nadie quiere ser arrastrado por las posiciones extremas que se vienen sustentando, al margen de toda razonabilidad y legalidad
El viernes no pudo. El lunes parecía inminente. Ayer, martes, el tema de los fiscales truchos seguía trabado en el Superior, mientras queda a la vista del mundillo tribunalicio un asombroso manejo discrecional del que hasta ahora no se había tomado cabal dimensión.
La posibilidad de que el Presidente del Tribunal tenga la prerrogativa de digitar la conformación del Tribunal, llegando a dictar sentencia con sólo tres ministros por él determinados, es algo que comienza a asustar a muchos que hasta ahora no habían caído en la cuenta de lo grave que es que se hayan subvertido de tal forma las previsiones legales y constitucionales que contemplan un tribunal integrado por cinco ministros.
En los corrillos tribunalicios hay algo más que preocupación. Los excesos del Fiscal General, y la liviandad del propio Superior en poner límites y garantizar el servicio de justicia hacen que se sigan sumando elementos para que la solución provenga desde el poder nacional.
Una vez más, como ya ocurrió en dos oportunidades anteriores, parecen ser los propios correntinos los que crean las condiciones para remedios extremos que muchas veces pueden no ser los mejores.
En este marco se suceden reuniones informales entre jueces, camaristas y fiscales que comienzan a comprender el riesgo que existe, habiendo plena convicción de que la Justicia correntina no puede ser llevada puesta por posiciones fundamentalistas carentes de razón.
Más allá de los conocidos excesos de César Sotelo, lo que sobresale es que Carlos Rubín, con la jubilación ya otorgada, podría estar poniendo en peligro la institucionalidad del Poder Judicial sin que las consecuencias pudieran alcanzarle.
Es que ante una eventual renuncia al cargo que ocupa, el Presidente, ya pasado en años, tendría garantizada una jubilación cercana a los 50.000 pesos, mientras que los que quedan deberán remar río arriba.
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