Luego de que el gobernador Martín Buzzi ordenara investigar el desmanejo de fondos públicos en el Superior Tribunal de Justicia, que el ministro Alejandro Panizzi denunció en una entrevista con este diario, ese cuerpo le envió una carta al mandatario “en relación con los hechos que son de dominio público” con la intención de ”poner a vuestra disposición toda documentación o información que considere de interés para comprobar, directa e inmediatamente, la manera en que se han administrado los fondos públicos asignados a éste tribunal”.

El secretario de Acuerdos, José Maidana, y a la directora de Administración del STJ, la contadora Gladys Albanía, serán los funcionarios responsables de brindar “todo aquello que se les requiera” y “con premura”, consigna la nota. De esta forma, el máximo tribunal chubutense abrirá su documentación para que se revise el manejo de fondos, que según Panizzi se usa para viáticos “con propósitos turísticos” y para el cambio injustificado de vehículos, entre otros detalles.

Por su parte, el fiscal de estado, Blas Meza Evans, confirmó que el gobernador “anunció algo que habíamos conversado horas antes”: el pedido de que “en virtud del tiempo transcurrido, sin que se haya puesto claridad respecto a las denuncias que había hecho acerca de la vida interna del Superior Tribunal de Justicia Alejandro Panizzi, concurriera a entrevistarme con el procurador general, Jorge Miquelarena, a los efectos de tomar conocimiento si algún fiscal de Chubut comenzó una investigación acerca de las cuestiones que ha denunciado el magistrado”.

De no ser así, la orden para Meza Evans fue “instar a que se investiguen las denuncias que ha hecho porque hay que limpiar la cancha, esto es: no puede quedar el Superior Tribunal sospechado de la manera que ha quedado, dado que no hubo una respuesta contundente al respecto”. En referencia a la Oficina de la Mujer, Meza Evans aludió que “acá se está señalando que una funcionaria inepta ha sido designada en un cargo. Esto es una irregularidad muy grave, sobre todo cuando se trata de un funcionario que integra el Poder Judicial que es designado por la cabeza de este Poder”.

Por otro lado, Panizzi “ha señalado que los miembros del Superior concurren a congresos cuando en realidad lo hacen con fines turísticos, esto quiere decir que pasean con viáticos que le pagan todos los chubutenses. A ello se le suman algunas cuestiones más relacionadas a la compra de vehículos”.

Para el fiscal de Estado se trata de “una serie de temas administrativos que rozan con la irregularidad, incluso con lo delictual y corresponde que se lave el prestigio de esa institución a través una investigación seria que diga si ha habido o no irregularidades”.

Miquelarena no está en la zona. “Por eso pondré en conocimiento del tema a su adjunto, Emilio Porras Hernández, sin prejuicio de que el viernes, cuando el procurador regrese a la zona, me entreviste personalmente”, aseveró.

En torno al proceso de investigación, detalló que “nosotros entendemos que lo debe llevar adelante algún fiscal perteneciente al Ministerio Público Fiscal. Vamos a ver si hay alguna actuación iniciada por parte de algún funcionario. Y de no ser así, le pediremos al Procurador que instruya a algunos de los fiscales para que inicie las investigaciones correspondientes”.

Meza Evans indicó que “hay que tomar el diario (Jornada), donde Panizzi ha realizado sus declaraciones públicas y a partir de ello desmenuzar lo que ha dicho e investigar si algunas de estas cuestiones implican conductas que contravienen el Código Penal y precisar si estas conductas se han consumado o no”.

Respecto a la decisión del Poder Ejecutivo de tomar cartas en el asunto y la posibilidad que esto genere un conflicto de poderes el funcionario provincial advirtió que “no hay que tomarlo así, hay que tomarlo como una defensa de la institucionalidad. El gobernador decía que esperó quince días pacientemente para que fuera el propio Poder Judicial que impusiera luz sobre esta cuestión. Y lo único que se percibió fue una tanda de agravios mutuos entre distintos sectores cuando en realidad lo que la comunidad merece es una respuesta institucional que despeje las dudas de estas cuestiones que se están planteando”, sostuvo.

Sobre la necesidad de transparentar los gastos que efectúan los ministros del Superior opinó que “yo creo que eso es propio de una ética de la función pública. No hay ningún motivo para que no se conozca acabadamente qué es lo que gasta cada uno de los funcionarios”.

“Yo no creo que sea secreta la administración del Superior Tribunal de Justicia porque se ajusta un presupuesto, realizan la rendición ante el Tribunal de Cuentas. A lo mejor hay que aceitar los mecanismos para que haya una mayor publicidad pero no hay gastos secretos en ningún estamento del Estado”, aseguró el fiscal de Estado.