El gremio de los empleados municipales de Córdoba (Suoem) volverá a reclamar hoy a las 10, frente al Concejo Deliberante y hará paro en algunas áreas de salud y educación.

Las medidas son para reclamar por el contrato de unos 400 monotributistas. Es que hoy tomará estado parlamentario el proyecto enviado por el intendente Daniel Giacomino, en el que solicita la derogación de la ordenanza 11.429, que impide contratar a personal y que él mismo impulsó en el inicio de su gestión.

Para que la iniciativa tenga chance de ser debatida –llega luego del naufragio de otra de la edila Virginia Pagnanini que buscaba modificar la normativa–, algún edil debe pedir su tratamiento sobre tablas o preferencia en comisión.

En su argumentación, Giacomino señaló: “El requerimiento se encuentra motivado en el hecho de que a la fecha se ha dado acabado cumplimiento al objetivo trazado al momento de sancionarse la ordenanza 11.429, es decir el no incremento de la planta de personal”.

Además asegura que la cantidad de agentes “se vio disminuida”, por las jubilaciones, fallecimientos y renuncias.

Pero más allá de las razones que esboza el intendente, hasta el momento el gremio no consiguió los 16 votos necesarios para que el intento sea debatido y aprobado en el recinto.

El juecismo, el radicalismo y el bloque que lidera Olga Riutort se opondrían a la derogación. Hasta el momento, se pronunciaron a favor del proyecto del Ejecutivo Pagnanini, Mónica Cid (vicentista) y Sandra Trigo (giacominista) entre otros concejales.

El vocero del Suoem, Damián Bizzi, confirmó que hoy no habrá actividades en las escuelas y jardines maternales municipales, en los hogares de día, en los dispensarios, hospitales, en el área de Especialidades Médicas y en odontología.

Banco de tierras. También manifestarán hoy en el Concejo las agrupaciones Tupac Amaru​, Anibal Verón, Hogar Clase Media Mix y el Movimiento de Campesinos por la aprobación del Banco Municipal de Inmuebles.

El debate se centró hasta el momento en la modificación del artículo 12 de la iniciativa, que obliga a los nuevos desarrollos privados a ceder el cinco por ciento de la superficie parcelaria total, o su equivalente en dinero para la adquisición de tierras. El expediente fue analizado en una reunión conjunta de las comisiones de Legislación General y Hacienda, que el martes pasado no lograron llegar a un despacho.