El Fiscal de Estado de la Provincia, Gastón Mercado Luna, informó a NUEVA RIOJA que esta semana se presentarán ante el máximo organismo judicial del país las provincias de San Juan y Catamarca, mientras que hace un par de semanas ya lo había hecho San Luis.

“Se suman a la presentación que hizo La Rioja como tercero interesado por el impacto social y económico que tiene la situación de las empresas promocionadas”, comentó el funcionario provincial.

En este mismo sentido, adelantó que todas las presentaciones exponen que la situación financiera de las empresas industriales afectaría la economía de las provincias y por ello solicitan la intervención de la Corte Suprema de Justicia.

Expectativa

NUEVA RIOJA pudo consultar con altas fuentes del Gobierno provincial cuál es la expectativa en el proceso que se está desarrollando ante el máximo organismo judicial.

Los funcionarios riojanos saben que la Corte prefiere no intervenir en conflictos de carácter social en las provincias.

Es por ello que la apuesta de las provincias de La Rioja, Catamarca, San Juan y San Luis es lograr que se convoque a una audiencia entre la Nación y las provincias.

“Esperamos que la Corte le pida a la Nación que se presente en una audiencia y que tengamos 90 o 100 días para poder exponer nuestra postura”, remarcó uno de los dirigentes que lleva adelante la gestión.

Cabe recordar que el Gobierno provincial conformó un equipo para este tema, en el cual tienen un rol fundamental el propio gobernador Luis Beder Herrera y el diputado nacional Jorge Yoma.

Un proceso con dos partes: la Promoción industrial y los bonos

La provincia de La Rioja negocia por la Promoción industrial en dos aspectos, cada uno de los cuales es independiente del otro.

El primero es garantizar la continuidad del régimen de Promoción industrial en la provincia de La Rioja.

En este sentido, se cuenta con el antecedente de la Corte Suprema de Justicia, que reconoció la validez del decreto presidencial 699/10, que determina la continuidad del régimen de Promoción económica por los próximos dos años.

Sin embargo, la medida presidencial todavía no puede entrar en vigencia porque se necesita un acta complementaria.

Para lograr ese paso que se encuentra pendiente, el diputado nacional Jorge Yoma está realizando gestiones ante los máximos referentes del Ministerio de Economía de la Nación.

Por otra parte, se encuentra la negociación por los denominados bonos fiscales.

Luego de la devaluación del año 2002 las empresas se quedaron con bonos desactualizados, que fueron utilizados por ellas tomando en cuenta la devaluación concretada. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) no reconoció esa actualización, y ahora pretende que las empresas paguen los impuestos que evitaron abonar.

Esa causa es la que se encuentra en la Corte Suprema de Justicia (ver nota principal).

La Rioja ya es parte del proceso judicial

Según pudo confirmar NUEVA RIOJA con el Fiscal de Estado de la provincia, Gastón Mercado Luna, la provincia ya fue aceptada como parte del proceso judicial por el tema de los bonos fiscales de las empresas promocionadas.

Mercado Luna detalló que “la Corte Suprema de Justicia le dio lugar a la Provincia como tercero interesado” en el proceso judicial.

La principal argumentación del Gobierno provincial fue que el Estado riojano estaba involucrado por el impacto económico y social que el tema tendría en la economía riojana.

Cabe recordar, que según las estimaciones más cautas la puja entre la AFIP y las empresas es por más de 1000 millones de pesos.