La subsecretaria de Educación fue acusada por el fiscal Ignacio Di Maggio por defraudación en perjuicio de la administración pública y negociaciones incompatibles a la función pública. Es por la contratación y los sobreprecios pagados a una empresa de dos familiares.
Para el fiscal, hay mérito suficiente para acusar a Ruiz y a un grupo de personas (funcionarios públicos y privados) por lo que elevó un voluminoso expediente al juez de instrucción, Mauricio Zabala para que se inicie la causa correspondiente.
El funcionario judicial también acusó a Nora Katcoff (directora provincial de Administración), Marcelo Rousillon (director de Compras y Contrataciones) y Paola Yahuar (secretaria privada), como partícipes primarios en la maniobra irregular.
Este martes, la diputada provincial de Libres del Sur y candidata a diputada nacional por el Frente Amplio Progresista Paula Sánchez presentó un proyecto de declaración en el que insta al gobernador Jorge Sapag a apartar de su cargo a la funcionaria sospechada de defraudación en perjuicio de la administración pública y negociaciones incompatibles a la función por la contratación y los sobreprecios pagados a una empresa de su consuegra y de su yerno.
“Esta funcionaria ocupa un lugar clave en el sistema educativo y es allí adonde la justicia acudirá a conseguir las pruebas. Permaneciendo en ese lugar podría obstaculizar el accionar de la justicia”, consideró Sánchez.
En igual sentido, el candidato a intendente de UNE, Mariano Mansilla, consideró que Ruiz debería contratar un abogado para ejercer su defensa y debería ser separada “inmediatamente” de las contrataciones o congelar sólo las contrataciones como lo pidió el fiscal.
Explicó que en un delito de corrupción en el que que el funcionario a cargo, es investigado por la Justicia “no puede seguir manejando los dineros públicos”.
Al pedido también se sumó el titular de la CTA, Carlos Quintriqueo, quien dijo que debe haber más personas involucradas en la defraudación y dijo que la central sindical está dispuesta a acercar más pruebas en contra de la funcionaria.
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