La empresa Sinopec confirmó ayer, a través de una solicitada, su decisión de interrumpir su operatoria en Santa Cruz a consecuencia de la continuidad de los conflictos en los yacimientos que obstaculizan el normal desarrollo de las tareas de producción en la Zona Norte.

Ayer, el jefe de Gabinete de Ministros de Santa Cruz, Pablo González, confirmó que la provincia fue notificada de esa decisión el pasado viernes y que desde ese momento se ha mantenido un contacto permanente con la empresa, la que “tuvo paralizada la producción en el mes de abril en función del conflicto que tuvo lugar durante ese período por el paro petrolero, cuando termina la situación, SINOPEC comienza a retomar, lentamente, su producción en el mes de mayo. Ya habían llegado al 70 por ciento de su capacidad operativa” pero con el bloqueo de la planta Las Heras III, y luego la semana pasada la de Cañadón Seco, la situación de Sinopec hoy se agravó. “Se le impide ingresar a operar el yacimiento y, obviamente, la empresa no lo va a hacer por la fuerza” dijo, en tanto, recordó que “a lo expuesto se suma la preocupación que existe en función de las medidas de fuerza que se han multiplicado en los yacimientos de Zona Norte, motorizados por gente que está en contra de la conducción y la intervención, que también reclama deudas de algunas empresas contratistas de estas operadoras”.

“Son varios problemas que se juntan que son de arrastre” señaló el jefe de Gabinete y admitió que “desde finales de marzo hasta ahora nunca hubo plena producción en los yacimientos de Santa Cruz”, lo que afecta en forma directa las arcas provinciales y sumió a la provincia “en una situación muy complicada y conflictiva que ha insumido muchísimo tiempo y que requiere alternativas de solución a partir de la toma de conciencia de algunos actores sociales, en el sentido que si no se buscan soluciones consensuadas de esto va a ser muy difícil salir”.

González admitió que la decisión de Sinopec podría ser replicada por otras empresas si los conflictos no cesan.

Los números hablan solos

Señaló que al viernes las pérdidas estimadas a partir del cruzamiento de datos entre el Instituto de Energía y el Ministerio de Economía y Obras Públicas de Santa Cruz y el Ministerio de Planificación Federal, lo que indicaba el sistema que la Nación tiene y que se actualiza diariamente, es que “la provincia de Santa Cruz, en concepto de regalías no ingresadas e ingresos brutos, solamente por la actividad productiva, dejó de percibir, desde el inicio de este conflicto, unos 200 millones de pesos, en tanto el Estado nacional perdió unos 900 millones pesos”.

Por esta razón subrayó que “esos números hablan por sí solos de la pérdida que sufrió la provincia, que determina que haya que priorizar los gastos de funcionamiento” indicó, garantizando, primero, la prestación de los servicios esenciales, y segundo, para poder pagar los compromisos corrientes que tiene el Estado provincial en su funcionamiento “que se está poniendo muy difícil de afrontar en función de estos problemas”.

En este contexto, el funcionario resaltó que “primero se designó a Carlos Flaquier como interventor del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Santa Cruz, y después se nombró a Dante González que es el secretario general de petroleros de Mendoza, un diputado nacional que tiene una vasta experiencia en estos temas, por lo cual nosotros confiamos en que pueda encaminar la situación con el sector. Lo que pasa es que por más que Flaquier y González empiecen a resolver una vía de solución para recuperar producción, si están los yacimientos bloqueados no se va a poder superar la problemática”.

Indicó que “es la misma circunstancia del mes de mayo, donde en principio se habían resuelto varios conflictos petroleros, pero no se pudo superar la situación totalmente en función de estos bloqueos. En definitiva, estamos en una coyuntura diaria donde lo que más nos preocupa es la integridad de las personas que están reclamando, independientemente de los motivos por los que están allí”.

Dificultad a futuro

González admitió que “los bloqueos dificultan todo”, entre otras cosas, “hay que recordar –puntualizó- que YPF había anunciado una inversión de 140 millones de dólares para remediación ambiental a principio de este año, que no se pudo implementar, y que existe también un atraso en la discusión paritaria del propio sindicato, porque las pequeñas empresas no tienen los fondos suficientes para enfrentar este tipo de coyuntura con respecto a sus propios empleados”.

“Hay muchas empresas que giran en relación a las tres operadoras, que viven el día a día, y hoy no están pudiendo trabajar, ni facturar, ni generar ingresos, con lo cual no están pudiendo cumplir con sus compromisos con sus obreros ni con los emprendimientos que trabajan para ellos en cada localidad. La situación es de una alta complejidad, porque también pasa por daños económicos que tienen las empresas contratistas en su relación con los operadores y con las pequeñas empresas que trabajan para ellos”.

Una realidad preocupante

En ese marco, son las comunidades petroleras las que zozobran ante cada conflicto que afectan el principal motor económico que les da vida. Un ejemplo de ello es la ciudad de Las Heras, hoy centro neurálgico del bloqueo docente y el reclamo petrolero.

Esa ciudad contabiliza hoy unos 40 comercios cerrados a causa de la conflictividad permanente en la principal actividad económica de dicha ciudad, la que en rigor de verdad viene con una economía alicaída desde el paro de los Petroleros Jerárquicos en el mes de diciembre, luego vinieron las vacaciones y en marzo comenzó la conflictividad nuevamente, la que permanece hasta el día de hoy, en una localidad en la que la principal fuente de empleo es la petrolera, luego viene la estatal con los municipales y docentes.

Con relación a las medidas que se podrían tomar para superar esta circunstancia desde la vía judicial, tras recordar que “los jueces han utilizado la persuasión y se está apuntando a la vía pacífica para solucionar los problemas”, concluyó diciendo que “no obstante eso, nosotros confiamos en que en causas penales que se han abierto contra algunos actores violentos que han cometido ilícitos, como desmanes o amenazas hacia sus propios compañeros de trabajo, la Justicia pueda actuar como corresponde”.