Recordemos que hace algunos días hubo una polémica reunión con los comerciantes locales y un representante de la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales, Mario Ruschin. Tras la misma, los ediles parecieron mostrarse a favor de algún tipo de reglamentación, especialmente a lo que hace a las bombas de estruendo, aunque la prohibición completa no pareció ser el camino que iban a seguir.

Vale recordar que los autoconvocados cuentan con el apoyo de la Comunidad Pueblos Originarios de Awyayala de Rafaela, Club de Leones, Bomberos Zapadores, Clínica de Niños, Hospital Jaime Ferré, Red Solidaria Rafaela, Clínica Parra, Hogar San Francisco de Asís, Asociación Amigos de la Vida, Asoc. Civil Honrar la Vida, Asociación Civil El Amparo, Asociación Rafaelina Protectora de Animales.

Además, en una misiva entregada al Concejo, brindan respuesta a lo que sostuvo Ruschin en aquel encuentro. Sostienen que "no hay evidencias ni antecedentes que justifiquen la advertencia de un supuesto aumento en la fabricación ilegal de pirotecnia a raíz de una prohibición, siendo que por el contrario, en ninguna de las localidades donde la pirotecnia está prohibida (hace ya varios años en ciertos casos), se han dado esos 'graves problemas' a los que se ha hecho alusión. Por el contrario, los municipios se muestran satisfechos con los resultados de la prohibición, la cual no tiene porque ser más compleja de controlar que otras vigentes, habiendo algunas localidades adoptado directamente los mismos procedimientos de sanciones que para las infracciones de tránsito, para no sumar complejidad innecesariamente".

Agregan que "las estadísticas (las completas) muestran que los accidentes con pirotecnia se deben en su mayoría a errores humanos en la manipulación de los artefactos (es decir, accidentes involuntarios), quedando estos fuera del alcance de la certificación del RENAR y de la Ley Nacional que reglamenta la fabricación y venta de pirotecnia, y constituyendo una problemática que debe tratarse y requiere normas por separado".

Añaden que "tampoco tienen relación alguna el RENAR y la Ley Nacional que reglamenta la fabricación y venta de pirotecnia, con los derechos de los ciudadanos que se piden sean protegidos a partir de una ordenanza" y que "la educación es clave para acompañar la implementación de una ordenanza pero no puede endilgársele la responsabilidad de proteger los derechos de los ciudadanos siendo esto una función legislativa. Tampoco tendría bases la Educación aisladamente para enseñar acerca de los perjuicios que causa el uso de pirotecnia, si dicha práctica estuviera permitida. Si es perjudicial no debe estar permitida y la Educación tendrá por función explicar porqué".

Finalmente, indican que "poco y nada queda, ni se relaciona con la problemática actual de la ciudad, de aquella tradición de tirar petardos 2 días al año, planteándose hoy un escenario totalmente diferente tanto en frecuencia como en intensidad".

Recordemos que Ruschin había indicado que no creían "que haya que prohibir la pirotecnia, sino que la prohibición aumentaría la chance de lesionados, porque da cabida a una pirotécnica clandestina, sin control".

"Creo que no habrá prohibición, pero si llegara a haber, habrá problemas como voladuras de casas en donde se arman cohetes clandestinamente, lesionados graves, problemas muy serios", dijo el porteño.

Su propuesta fue "educar y prevenir en cada ciudad, vender los productos autorizados, no vender a menores (se prohíbe por ley) pero la responsabilidad ciudadana es de los padres".

Después, dio algunos datos polémicos. Por ejemplo, que en el Instituto del Quemado indicaron que para las fiestas hay menos lesionados o que hay más quemados por el sol que por la pirotecnia.