El gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, expresó su "preocupación" por las salidas transitorias concedidas a condenados por delitos de lesa humanidad, en virtud del "impacto que este tipo de medidas representa para víctimas y testigos".
La cartera provincial reclamó que "se acelere el trámite de las causas que actualmente se encuentran en etapa de instrucción, así como las confirmaciones de las sentencias por parte de la Cámara de Casación, para evitar el otorgamiento de beneficios de este tipo a imputados de cometer graves delitos durante el terrorismo de Estado".
El Tribunal hizo una particular interpretación de la ley del 2x1 al computar como doble tanto el tiempo que pasaron en prisión preventiva, entre 2007 y 2009, y el que corrió desde la condena el 29 de diciembre de 2009, que aún no se encuentra firme por una apelación de las defensas ante la Cámara de Casación. Esta medida ya fue recurrida por la Fiscalía.
"La decisión del Tribunal ha provocado un estado creciente de inquietud entre los testigos, víctimas y familiares, muchos de los cuales han ingresado al Programa de protección de testigos, y esta nueva situación puede afectar su seguridad e integridad física y psíquica, incluso impidiendo o restringiendo la posibilidad de brindar libre y autónomamente" sus testimonios, añadió el comunicado.
Por otra parte, las autoridades santafesinas exhortaron a que se resuelva el pedido de prisión preventiva formulado por la Fiscalía en otra causa en la que están imputados por asociación ilícita Brusa, Ramos y Aebi, pues de esa manera no sería posible que continuara el beneficio de las salidas transitorias. Brusa fue condenado a 21 años de cárcel; Ramos, 23; Aebi, 19; junto a los ex policías Juan Perizotti, 22; Héctor Colombini, 23; y Mario Facino, 20.
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