La primera es que la movida tuvo más despliegue declarativo que sustancia probatoria. Aunque fue justificada como una acción más para poner a raya a los monopolios, el ministro Julio de Vido calificó la irregularidad como una simple distorsión. Con un puñado de casos como respaldo, en la presentación se dijo de manera ligera que si se extrapolaba el sobreprecio verificado de acuerdo al consumo que todo el transporte público y de carga tiene en un año, el monto afectado podía llegar a los $ 3500 millones.

Lo que llamó la atención en segundo lugar es que pese a mostrarse como un árbitro entre privados, el Gobierno conoce en detalle cómo se mueve el mercado del gasoil, virtualmente intervenido por el Estado desde abril de 2002. La Secretaría de Transporte, vía la CNRT, convalida mes a mes el crédito fiscal que se le reconoce a las petroleras por la diferencia entre el precio mayorista cobrado (objeto formal de la denuncia) y el precio teórico de mercado.

Mientras se analizan nuevos recortes al subsidio que reciben los transportistas, la pulseada de ayer se pareció más a una búsqueda de aportes para compensar futuros costos políticos, que a una preocupación real por la competencia.