Caso 1. Pedro M., un obrero de la construcción, trata de entender el por qué la solución de su demanda laboral se resolverá recién en 2014. La razón la encuentra en el cúmulo de expedientes ya existentes en las distintas cámaras laborales y a las que ahora, con el parate judicial, se sumarán más y más causas.

Aumento salarial y la ley de enganche son, una vez más, los reclamos que llevan a los empleados judiciales a extender un plan de lucha que comenzó en mayo y hasta el día de hoy no tiene arreglo.

Así la declaración de inhabilidad de los días no trabajados (18 ya confirmados por la Corte, más 4 de la última semana pedidos por el Colegio de Abogados) dilata los plazos legales en cada una de las causas.

Después de la multitudinaria marcha del viernes, por el Acceso Este ante las delegaciones de la Cumbre del Mercosur, y el aumento del 20% decretado por el Gobierno que no conforma, las medidas continuarán y el ansiado normal funcionamiento de la Justicia se complica de cara al futuro inmediato, toda vez que el Poder Judicial está a las puertas del receso invernal, conocido como feria chica.

Caso 2. Mariela F., con una beba a cuestas, se esfuerza para subir las escaleras en medio de los empleados que, por una asamblea, cubren parte del hall central. Pero cuando llega al juzgado se encuentra con una puerta cerrada. No sólo la ilusión sino principalmente la necesidad de poder “cerrar” el acuerdo de familia se esfuma por el paro. También el cobro del dinero que necesita.

La postal de hoy muestra el extenso vacío que dejan los pasillos y los despachos huérfanos de los casi 2.000 empleados que a diario pueblan el edificio del Poder Judicial, mientras que los que no están de paro reconocen que “la actividad está resentida”. Sin embargo, agregan que con “el esfuerzo de secretarios y jueces algo se hace”.

Bono de sueldo en mano, algunos empleados hacen notar la diferencia salarial: el que ingresa tiene un sueldo básico de $ 2.300; $ 3.200 la clase administrativa más alta mientras que el básico para un miembro de la Suprema Corte alcanza los $ 25.000 con el último aumento.

Caso 3. Edgardo S. es policía y se imaginaba que cobraría la totalidad de su sueldo. Tenía embargado casi el 60% de los haberes y terminó, como unos 5.000 empleados públicos, presentándose en concurso preventivo. Pero el oficio si bien se recibió quedó en mesa de entradas y el descuento se hizo igual.

En otros conflictos anteriores la Suprema Corte bajó la orden de “ampliar el horario de atención”, además de instar, por medio de acordadas, a que los empleados en huelga devolvieran los días no trabajados. Ahora, habrá que esperar que el paro termine para saber qué medidas tomará el más alto Tribunal, cuyos miembros, ante la consulta de este diario, optaron por “no emitir opinión alguna hasta que el plan de lucha haya terminado”.

Caso 4. Leopoldo G. trató de hablar como periodista con un fiscal, pero el teléfono fue contestado por... una agente de policía. “No hay nadie y el ayudante está tomando una declaración”, fue la respuesta.

Son los profesionales que a diario transitan los pasillos los que también reclaman. “El paro judicial es la causa de la falta de atención nada menos que al servicio de administración de Justicia del Estado. La forma de protesta es absolutamente válida y debería ocupar especial consideración en la dirigencia política para que nunca sea una alternativa posible la suspensión del servicio judicial para los ciudadanos”, dice Alejandro Acosta, abogado penalista y ex subsecretario de Justicia provincial.

Mientras, otro abogado que pasó décadas cosiendo expedientes, destaca: “Hace 17 años, cuando yo era empleado, se peleaba igual que ahora por un aumento salarial. Pero vale señalar que si la Justicia cuando funciona en forma normal es lenta, mucho más cuando como ahora está paralizada”.

Fue precisamente el Colegio de Abogados (aglutina a más de 3.000 profesionales) el que fue a golpear las puertas del despacho del Gobernador, reclamándole porque “en la actualidad no se está cumpliendo con una adecuada prestación del servicio”.

Tras reconocer “el legítimo ejercicio por parte de los trabajadores judiciales”, el presidente de la entidad, Eduardo Bargazzi, asegura que “se encuentra afectado el derecho de mis representados de trabajar y de los justiciables de acceder a un proceso”. En igual sentido se pronunció la Federación Argentina de Colegios de Abogados.

Con este panorama, la vuelta a la normalidad será, como tantas otras veces, con largas colas en algunas oficinas, mientras que las causas ingresadas se multiplicarán por decenas.

Serán las cámaras civiles y laborales las que -como en el caso de Pedro M.- concentrarán la mayor cantidad de expedientes con un ingreso, por mesa de entradas, de unas 200 demandas diarias.

En ese momento habrá que volver a repensar que “demorar la justicia es una injusticia”, como dijo el poeta inglés Walter Savage Landor.