La vicejefa de Gobierno porteño, María Eugenia vidal, aseguró que la ciudad "está dispuesta al diálogo con el funcionario que corresponda, independientemente de su nombre", para solucionar el traspaso de la red de subterráneos.
"Estamos dispuestos al diálogo con los funcionarios que ocupen el lugar que corresponde, independientemente de los nombres, sea con (Juan Pablo) Schiavi o con quien la presidenta decida", dijo Vidal al opinar sobre la renuncia del secretario de Transporte.
De esta forma, y en el marco de la conferencia de prensa que siguió a la reunión de Gabinete en el Palacio Municipal, Vidal hizo referencia a la renuncia del secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi, reemplazado por Alejandro Ramos, hasta hoy intendente de Granadero Baigorria, en Santa Fe.
La vicejefa de Gobierno habló de "la necesidad de destrabar los puntos" en los que no se encuentran acuerdos respecto al traspaso del subte.
Vidal volvió a decir que el gobierno porteño considera que "hoy la responsabilidad de la operación del subte sigue siendo del gobierno nacional, independendientemente de la discusión judicial".
Vidal habló también de "agotar todas las instancias" en el camino judicial, ya que asumió que no se puede acudir directamente a la Corte Suprema de Justicia.
"Está claro que por los antecedentes de otros casos no podemos ir ni nosotros ni el gobierno nacional directamente a la Corte a plantear este problema, porque en situaciones similares, en el pasado, la Corte no aceptó que la ciudad tenga el mismo status que el resto de las provincias, por lo cual no se va a declarar competente", explicó Vidal.
Por ese motivo consideró que era necesario "empezar desde la primera instancia en adelante y, si no hay acuerdo ni en primera ni en segunda instancia, continuar hasta llegar a la Corte".
La ciudad presentó el lunes un amparo para "no innovar" ante el Tribunal en lo Contencioso Adminsitrativo Federal Nº 3, para que el servicio siga en manos del Gobierno nacional.
Ayer, la Nación hizo dos presentaciones simultáneas en el fuero contencioso administrativo. Una medida cautelar para que se congele el conflicto en el estado de situación actual hasta tanto se defina el fondo de la cuestión, y una segunda demanda de cumplimiento de contrato.

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