¿Qué pueden hacer la Corte Suprema o la jueza federal Claudia Rodríguez Vidal? Y, más aún, ¿por qué deberían arriesgarse para sacar las castañas del fuego a un problema que la política no atina a resolver en forma civilizada?

En realidad, el problema que tiene el gobierno nacional es el de realizar un fuerte ajuste del gasto por vía de recortar los subsidios pagando el menor costo político posible. Por eso, la decisión de responsabilizar al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, de no querer hacerse cargo de los subtes oculta, en realidad, la intención de desviar la atención.

Ni el Congreso ni la Justicia hallarán una solución para el conflicto planteado por los subtes. La única solución es retomar las negociaciones

La estrategia oficial es sencilla, pero no soluciona los problemas, sino que los atropella. Veamos el Congreso. Si, como todo lo indica, el Poder Legislativo termina aprobando la transferencia de subtes y colectivos a la Ciudad, ¿qué se habrá avanzado? Muy poco. La Legislatura igualmente deberá intervenir: quizá no pueda decir mucho sobre los subtes, pues una ley porteña de 2000 aceptó el traspaso, pero sí podrá objetar por desmesurado el nuevo gasto de 1500 millones de pesos que tendrá que hacer para operar subtes y colectivos.

En suma, la decisión de la presidenta Cristina Kirchner de enviar el tema al Congreso le permite obtener el respaldo de sus legisladores -una ley siempre tiene peso político para enfrentar cualquier futuro reclamo- y devuelve el conflicto al campo político. Pero tampoco lo soluciona: no hará que la transferencia sea más ordenada ni los usuarios tendrán mejor servicio.

El problema es que la Justicia tampoco puede hacer mucho. En efecto, la jueza Rodríguez Vidal, que tramita dos amparos que se cruzaron Nación y Ciudad, en medio de este conflicto político, ¿podría dictar un fallo que lo solucione? La magistrada le podría dar la razón al Gobierno o a la Ciudad, pero eso no hará que aparezca el dinero para atender esos servicios.

Por su parte, los jueces de la Corte no debatieron aún si se deciden a tomar el conflicto. La declaración que días atrás hizo Eugenio Zaffaroni, que no descartó que el tribunal asuma el caso como un tema de su competencia originaria, no pasa de su opinión personal. Pero a nadie se le escapa que la Corte se expondría a un fuerte desgaste.

La política destruyó su esencia, la posibilidad de llegar a una solución negociada..