A partir de este lunes, la justicia porteña podría expedirse sobre los amparos presentados para frenar el tarifazo que el gobierno de Mauricio Macri dispuso sobre los pasajes del subterráneo y el premetro, luego de que la Nación le traspasara ambos servicios.

Ante la insistencia de distintas organizaciones de la sociedad civil y de un grupo de legisladores porteños, el fuero Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires resolvió levantar la feria judicial para analizar las presentaciones que consideran inconstitucional el aumento de más del 127% que de, forma intempestiva, ordenó el macrismo a poco de tomar el control del subte.

La decisión ahora está en manos del titular del Juzgado de Primera Instancia Nº 11, Fernando Enrique Juan Lima, quien recibió el primer amparo solicitando se impida la aplicación de la suba tarifaria, interpuesto por la asociación Ciudadanos Libres. Ayer, el magistrado sumó otra acción similar, presentada originalmente ante su colega Elena Liberatori por un grupo de seis ONG encabezadas por la Unión de Consumidores Libres, y con el respaldo de varios legisladores porteños de las bancadas opositoras: María Elena Naddeo, Delia Bisutti, Aníbal Ibarra, Susana Rinaldi y Edgardo Form.

Como el expediente abierto por Juan Lima era previo, Liberatori, luego de habilitar la feria, le giró la causa en su poder, invocando “razones de economía procesal”. Así lo explicó a Tiempo Argentino el ex diputado socialista Héctor Polino, presidente de la Unión de Consumidores Libres.

Los amparos, que interpelan tanto al Ejecutivo macrista como a la empresa concesionaria del servicio, Metrovías, sostienen que la medida anunciada la semana pasada por el PRO debe mantenerse en suspenso hasta tanto se cumpla con “los recaudos legales que habiliten y faculten la pretendida modificación tarifaria del servicio público”.

En concreto, el argumento a evaluar por la justicia porteña hace foco en la Ley 210 de la Ciudad, donde se establecen las facultades del Ente Único Regulador de Servicios Públicos. De acuerdo con el artículo 13 de esa norma, en los casos de solicitud de variaciones en los precios, es obligatorio convocar y realizar previamente una audiencia pública no vinculante, de la cual tomará parte el propio organismo de control. Por efecto transitivo, también podría darse entonces una violación al artículo 3 de la mencionada ley, que determina las funciones del Ente Único, entre ellas, las de “analizar las bases de cálculo de los regímenes tarifarios” y “advertir a la autoridad competente en caso de alteración del principio de razonabilidad y justicia tarifaria”. Por último, otro elemento esgrimido para rechazar el alza es la propia letra de la Constitución de la Ciudad, la cual indica que para tomar una decisión de esta naturaleza se debe contar con el visto bueno de la Legislatura.

Como primera respuesta a esta serie de cuestionamientos, voceros del PRO ya adelantaron lo que podría ser la estrategia legal de la Procuración General: invocan una antigua audiencia pública, celebrada en diciembre de 1998, a partir de la cual se acordó con Metrovías que el valor del ticket de subte podía llevarse hasta los 0,70 centavos de dólar, esto es, unos 3 pesos.

Los legisladores y entidades de usuarios que rechazan estos fundamentos recordaron que transcurrió más de una década desde aquella supuesta audiencia, realizada en una Argentina en la que aún regía el 1 a 1. <