Más aún: a veces ni siquiera reina la mala fe a la hora de hacer esas operaciones para mantener dentro de la “legalidad” la distribución de fondos: está prohibido que los diputados le enteguen subsidios directamente a personas y sólo están habilitados para hacerlo a instituciones.

Quiérase o no, ese mecanismo estimula y facilita el descontrol del dinero.

A veces son sumas escasas usadas de esa manera simplemente para saltar vericuetos burocráticos que complican una ayuda necesaria, o que retardan la llegada de una plata que puede ser urgente.

Pero en ocasiones, el mismo método es usado con otros fines: el financiamiento de campañas políticas, los privilegios de algunos punteros y allegados.

El Diario accedió a algunas demostraciones de esas triangulaciones, en las que ciertas entidades intermedias aparecen “reintegrando” los subsidios a los propios legisladores. Los secretarios de bloque, o de algún legislador en particular, le ponen su firma a la recepción de ese dinero, cuyo destino final termina siendo un misterio.

Si bien ese modo de proceder no admite, en principio, grandes diferencias entre oficialistas y opositores, cuando se revisan los montos e instituciones queda claro que unos cuantos dirigentes del PJ han adoptado el modus operandi como una costumbre para regar con dineros públicos algunos puntos geográficos de la provincia.

En la época marinista, ese mecanismo alcanzó niveles impensados, que incluso derivaron en varias investigaciones judiciales: la condena a Sergio David por enriquecimiento ilícito, empezó con una pesquisa sobre los subsidios a entidades “amigas”. Lo mismo ocurrió con la causa de los viajes truchos en la que aparecen involucrados -entre otros- Santiago “Patucho” Alvarez, Elsa Labegorra, Marta Cardoso, Cristina Hidalgo y el empresario Luis “Popo” Alonso.