La discusión política sobre un tema en principio económico como los subsidios tiene la virtud de abrir el juego a un debate tan necesario como inexistente en la Argentina: el de la asignación de los recursos del Estado, ese ente jurídico que por ser de todos, en nuestro país parece no pertenecerle a nadie.

Al complejo entramado de subsidios al transporte y la energía, que según distintas estimaciones ronda los 70.000 millones de pesos por año, es un tejido previo a la llegada del kirchnerismo al poder, en 2003, pero las sucesivas administraciones de ese signo lo llevaron a su nivel actual.

La decisión política básica que subyace a la creación de un subsidio es la de resolver una inequidad económica. O la de influir en el esquema productivo para beneficiar a un sector que se pretende desarrollar. En el primer caso, el ejemplo puede ser el subsidio al transporte, sea estatal o privado: si no existiera esta ayuda, sin duda los sectores de menores recursos deberían destinar una porción mayor de sus ingresos a viajar, en particular para llegar y volver de su trabajo. En la segunda opción, el modelo es la industria automotriz, que ha venido siendo promovida con aportes del Estado desde su misma creación, durante la segunda presidencia de Juan Domingo Perón.

Los subsidios y la sustitución de importaciones son dos herramientas fundamentales de cualquier política económica heterodoxa, como suele calificarse ahora a una línea de pensamiento caracterizada por el pragmatismo y alejada de las recetas de la ortodoxia económica.

Una lectura rápida por las últimas columnas de los principales medios, en especial de aquellos que jugaron en el último semestre con toda claridad en contra de la candidatura de Cristina Kirchner, permite ver una "hoja de ruta" básica dibujada para que la Presidente lleve su segundo mandato por el camino de la "madurez".

Los recortes a los subsidios anunciados la semana pasada por un total de 600 millones de pesos, dividieron a esos analistas: un sector, el más recalcitrante, consideró la medida apenas un medio para contrarrestar el impacto que había tenido en la imagen del gobierno la ofensiva contra el peso a pocos días de concretarse el monumental triunfo de CFK en las elecciones presidenciales.

La inicial falta de reflejos para enfrentar una evidente jugada mediática en apoyo de una fuerte especulación, dio paso al anuncio del recorte de subsidios que realizaron los ministros de Economía, Amado Boudou, y de Planificación, Julio De Vido. Otro sector buscó, como en el yudo, aprovechar la fuerza del adversario –en este caso, el Gobierno¬– para llevarlo a un terreno, y a una velocidad, complicados para la Administración Kirchner.

Este grupo de opinión se congratuló por el trasfondo filosófico de la medida, esto es, por su carácter "ordenador" de la economía, pero advirtió que resultaba "insuficiente" si lo que buscaba Cristina era estrenar con "seriedad" su segundo mandato. En suma, le pidieron a la Presidente que "apure el trago" y la emprenda con el desguace del sistema de subsidios en su totalidad.

¿Qué se pretende con esta postura "maximalista"? Se busca poner al kirchnerismo (o al cristinismo, si se prefiere) en la vereda de enfrente de gran parte de su base electoral con el argumento de que es ahora, a días de su glamoroso triunfo, el momento de tomar medidas antipopulares pero a tono con las demandas del mercado, que siempre está en contra del "asistencialismo".

Desmontar la red de ayudas sociales que tejieron las dos administraciones sucesivas del kirchnerismo, que en buena medida explican la performance electoral reciente, significaría un suicidio político para el oficialismo.

La Presidente lo tiene absolutamente claro y por eso no se ha dejado "tironear" en ese sentido, pero es evidente que el sector financiero volverá una y otra vez con esta estrategia: golpes de mercado y reclamos de mayor "seriedad" en la administración de la cosa pública, todo en un contexto internacional complejo y en un escenario nacional donde es muy fácil sembrar la incertidumbre.

Varios aspectos de la política de subsidios deben ser analizados en profundidad. El problema es que no parece que haya voluntad del Gobierno de hacerlo y tampoco que tenga con quien discutirla.

Si se mira desde la altura, el informe difundido ayer por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IAAF) que conduce el economista Nadin Argañaraz, aporta a la tesis de aquellos que reclaman una revisión completa del esquema de intervención estatal en la economía. La mayoría de los medios, de manera acrítica, reflejaron la tesis central del trabajo: la Capital Federal es, lejos, el distrito del país que recibe la mayor cantidad de subsidios al transporte y la energía por habitante. El que menos, la provincia de Santa Fe.

Entre una y otra jurisdicción hay una diferencia abrumadora: los gobernados por Mauricio Macri perciben 53 veces más que los santafecinos. El informe toma en cuenta las transferencias del ministerio de Planificación a empresas privadas y públicas, principalmente en los rubros transporte y energía, durante el año pasado. Apunta que mientras la Capital Federal recibió subsidios por 2138 pesos per cápita, los registros de Santa Fe se ubicaron en apenas 40 pesos por persona.

El cálculo, advirtieron sus autores, se hizo excluyendo los servicios porteños que son utilizados por quienes viven en el Conurbano bonaerense. Sin ese procedimiento, las diferencias habrían sido más abultadas: 218 veces en favor de la ciudad de Buenos Aires con 8796 pesos por individuo. El segundo distrito más beneficiado es la provincia de Buenos Aires, con 1486 pesos. Les siguen Santa Cruz ($ 1477), La Pampa ($ 796), Tierra del Fuego ($ 776), Santiago del Estero ($ 743), La Rioja ($ 678), Formosa ($ 641), Jujuy ($ 456), Chaco ($ 423), Tucumán ($ 374), Río Negro ($ 361), San Juan ($ 317), Chubut ($ 266), Neuquén ($ 224), Misiones ($ 177), Entre Ríos ($ 169), Salta ($ 134), Catamarca ($ 124), Mendoza ($ 105), San Luis ($ 71), Córdoba ($ 56) y Corrientes ($ 51).

En el eje del trabajo del IAAF está la siguiente afirmación: "Mientras que en 2006 la participación de los subsidios a las empresas era un 20% más elevada que la de los subsidios a las familias (vía asignaciones), en 2010, la primera superó a la segunda en 176 por ciento".

En primer lugar, debe decirse que la Capital explica un porcentaje importante de la red de servicios del país. Y que la provincia de Buenos Aires concentra en los cinturones del Conurbano a más de la mitad de la industria no vinculada de manera directa con el complejo agropecuario del país.

Por otra parte, uno de los cuestionamientos que más lugar ocupa en los medios es el que advierte que los servicios de agua y electricidad de la Ciudad de Buenos Aires son los más baratos del país en términos absolutos. Esto es cierto en las zonas más pudientes (el corredor Norte), que encarnan apenas el 0,6 por ciento de la masa total de subsidios en esos rubros.

Hechas estas salvedades, podemos avanzar en un análisis más profundo del esquema de subsidios vigente.

Lo más grave del sistema es la falta de transparencia en el proceso de toma de decisiones, que se ha concentrado en pocas cabezas que definen la distribución de cifras multimillonarias. De este modo, si los subsidios a la energía suman unos 35.000 millones de pesos anuales, 19.000 millones se destinan a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A (Cammesa), cuyo paquete accionario se divide en un 80 por ciento en poder de las empresas mayoristas del sistema eléctrico y el 20 restante en manos del ministerio de Planificación.

Los empresarios privados que invirtieron en los últimos años en el mercado de la energía lo hicieron, dicen, con promesas de un nivel de tarifas que nunca se cumplió. Un aumento de los precios en el servicio implicaría de inmediato un aumento en el valor de esas compañías. No hay modo de separar estos negocios del "capitalismo de amigos" que se ha denunciado de manera reiterada en los últimos ocho años, en especial durante el mandato de Néstor Kirchner.

Un repaso a los grupos empresarios que se incorporaron a este mercado en este tiempo permite ver que coinciden en una virtud: su íntima cercanía con el ex presidente y con su ministro De Vido.

El titular de Planificación ha brillado por su ausencia en el Parlamento, el lugar donde habría podido explicar, si hubiese querido, las razones del monto y de los destinatarios de esos ultramillonarios subsidios. De Vido defendió en otros ámbitos su política con números que impresionan, como el exponencial aumento de la capacidad instalada. Siempre al límite, y no siempre demostrando una gran capacidad de planificación, el aumento de la producción de energía fue acompañando el crecimiento de la economía.

Pero lo evidente es que no serán muchos los consumidores que podrán solventar unos aumentos masivos de costos en los servicios básicos, por lo que el aporte estatal vía subsidios deberá ser compartido en mayor medida por el sector privado.

En suma, que la cuenta la pagarán mayoritariamente las industrias que consumen electricidad que, aunque el Estado no lo convalide, buscarán trasladar ese costo a los consumidores.

Una combinación que se vuelve inestable, casi explosiva, si la Presidente aspira a bajar la inflación con el aval a un aumento de salarios con un tope del 18 por ciento.