La Cámara de Diputados no ha rendido subsidios por 6.000.000 de pesos. Esa conclusión surge de un informe del Tribunal de Cuentas donde se entrecruzaron datos desde diciembre de 2010 hasta agosto de 2012. Entre las entidades más morosas, algunas prácticamente desconocidas públicamente, aparecen en un listado el Sindicado de Obreros y Empleados Municipales, la Fundación Ciencias, la Fundación Humanidades y la Asociación Civil Amulen.

En ese período de veintiún meses, los diputados repartieron 4.958 subsidios por 9.326.422,50 pesos. De ese total, hasta ahora se han rendido 1.941 subsidios por 3.278.559,50 pesos y se adeudan las rendiciones de los otros 3.017 por 6.047.863, incluyendo aquellos a los que aún no se les ha vencido el plazo de presentación.

El Tribunal de Cuentas ha intimado hasta ahora a que se rindan 1.415 subsidios que se encontraban vencidos por 2.802.513 pesos. La respuesta a esas intimaciones produjo que se recibieran 303 rendiciones por 457.600 pesos, y que se sigan adeudando 1.112 por 2.344.913 pesos. ¿Por qué no se rindieron? Por diferentes motivos: hay instituciones que aún no se han notificado de las intimaciones (todavía quedaría un remanente de unas 900), otras que pidieron prórrogas, algunas que presentaron descargos y, finalmente, las que fueron notificados y aún así no rindieron y corren el riesgo de tener que devolverle la plata al Estado.

El apriete de clavijas del TdeC tiene relación con la resolución 93/10 que dictó el 18 de octubre de 2010, por la que le exigió a los diputados que al entregar un subsidio les hagan completar a la entidad beneficiaria una planilla con datos de ellas (número de recibo, número de CUIT, domicilio, autoridades, dirección, teléfono, etc.). Después esas instituciones deben elevar al Tribunal una nota especificando en qué se gastó el dinero y entregando los comprobantes de esos gastos.

Cambiaron los controles.

El mecanismo de rendición es absolutamente diferente al que se empleaba cuando el presidente del TdeC era Natalio Peres, quien el 1 de marzo de 2009 fue destituido a través de un jurado de enjuiciamiento por mal desempeño.

Antes los aportes de los legisladores se computaban como gastos, por lo que lo único que se constataba era que entrara la misma suma que salía. Ahora, en cambio, también se controla que se cumpla con el destino específico de los fondos y que si a una institución se le dieron fondos públicos para construir una obra, construya esa obra y no se use la plata para otras cosas e inclusive para beneficios personales.

Esa diferencia es sustancial a pesar de que la Constitución provincial no se modificó y en su artículo 103 sigue diciendo lo mismo: "El Tribunal de Cuentas fiscalizará la percepción e inversión de las rentas públicas provinciales y las cuentas de las instituciones privadas que reciban subsidios de la Provincia, referidas a la inversión de los mismos".

Durante la gestión anterior, en el TdeC afirmaban -frente al artículo 103- que al organismo le correspondía realizar un control de formalidad y no de gestión, y por ello se constatan el destino de los fondos públicos. Hoy, ante una consulta específica de este diario, en el Tribunal que presidente José Roberto Sappa aseguraron lo mismo, que efectúan controles formales y no de gestión, pero que el control de formalidad incluye saber adónde fueron los fondos.

Para ello se dio un ejemplo: "un control de gestión sería preguntar porqué en una dependencia se compró un escritorio de madera y no de metal, o porqué se pavimentó tal ruta y otra no. Esas son decisiones políticas. Un control formal no sólo es ver si entró lo mismo que salió, sino si los fondos fueron adónde tenían que ir".

Un detalle final que aportó el propio Sappa. "Antes de implementar el cambio de metodología y exigirle a los diputados que completen esas planillas, hubo personal que dio una capacitación en la Legislatura. Lo único que le pedimos a los diputados es que cumplan con ese requisito. Del resto, teniendo esos datos, nos encargamos nosotros", remarcó.

Una gambeta a los controles.

Hecha la ley, hecha la trampa, dice un refrán popular, y vaya si parece cumplirse... ¿Por qué? Porque un relevamiento del Tribunal de Cuentas de los subsidios otorgados por los diputados provinciales muestra que en los últimos tiempos se incrementaron los destinados a municipalidades. De esa manera, se evita que los fondos -y el destino específico para el que fueron otorgados- sean controlados por el TdeC, ya que esa función le corresponde a los concejos deliberantes. Si caen en la mira del Tribunal los aportes girados a comisiones de fomento.