De acuerdo con el centro de estudios, “la Argentina se apresta a ejecutar otra reestatización. El justificativo, en este caso, es que con el cambio en la propiedad de YPF se revertiría el déficit energético. Se está obviando que la grave crisis energética es la consecuencia de políticas deficientes y no del carácter privado del principal operador”.

Idesa recordó: “No es la primera vez que se apela a la estatización en respuesta a una crisis. Bajo argumentos análogos se decidió, entre otras, crear la petrolera estatal Enarsa, estatizar Aysa y apropiarse de Aerolíneas Argentinas. Lo cierto es que la gestión pública sobre estas empresas muestra muchas debilidades, como la necesidad de recibir asistencia”.

En tal sentido, según datos oficiales de 2011, Enarsa requirió subsidios por $ 10.507 millones; Aysa, la empresa de agua de la región metropolitana, necesitó $ 3.996 millones; Aerolíneas Argentinas recibió subsidios públicos por $ 3.455 millones.

“Esta información muestra como rasgo común que la sociedad, con sus impuestos, debe subsidiarlas. Sólo entre Enarsa, Aysa y Aerolíneas en 2011 el Estado erogó $ 17.958 millones. Este monto es el doble de lo que se asignó a la Asignación Universal por Hijo en el mismo periodo ($ 9.037 millones) o casi cuatro veces lo que asignó a vivienda social ($ 4.879 millones)”, concluyó.