En el marco de su visita a la ciudad, para realizar un balance del trabajo ejecutado por el primer tribunal de arbitraje de consumo turístico del país, inaugurado en Mar del Plata, la subsecretaria de Defensa al Consumidor de la Nación, María Lucila Pimpi Colombo, se quejó de “aquellos sectores que recurren a los amparos judiciales contra la quita de subsidios, defendiendo los derechos de una minoría y no de todos los argentinos”.

La declaración de la funcionaria remitió, en parte, a la medida cautelar que sobrevuela al Partido de General Pueyrredon desde fines del 2009 y que inhabilita a las empresas de servicios esenciales a incrementar o modificar sus tarifas.

Por la vigencia de esta acción judicial, aún no resuelta, es que en la ciudad no puede aplicarse todavía la política de quita de subvenciones a las boletas de luz y gas que impulsó el Gobierno nacional a mediados de noviembre del año pasado. “Los que hayan renunciado a los subsidios no pagarán diferencias porque en el Partido de General Pueyrredon todos seguirán abonando tarifas subsidiadas, hasta que la situación de la medida cautelar se modifique o contradiga”, explicó en su momento, Beatriz Arza, titular de la Defensoría del Pueblo local y promotora del recurso de amparo que dejó sin efecto la aplicación del decreto ley 2067.

Al respecto, y sin mencionar explícitamente a Mar del Plata, Pimpi Colombo fue categórica: “Hay quienes presentaron acciones de amparo a la Justicia para que cuando a uno le llega la factura con un recargo no lo tenga que pagar. Ese recargo se puso para financiar el combustible y transporte de los servicios. Pero a alguien se le ocurrió la brillante idea de ir a la Justicia para que lo autoricen a no pagar”, criticó la funcionaria, que se permitió la ironía como recurso explicativo de “lo negativo de estas medidas cautelares”.

“Entonces, a vos que tenes en tu casa una calderita muy bonita que te calefacciona, te pago yo lo que hay que importar para que vos tengas tu calderita. Yo tengo un calefón que anda más o menos y contribuyo, y vos tenés una calderita que te pago yo”, se despachó la subsecretaria de Defensa al Consumidor de la Nación.

A su entender, “es desacertado” pensar que la legitimación de los derechos de los usuarios de servicios públicos y privados es una tarea sólo concerniente a las áreas dedicadas a la recepción de denuncias y a la extensión de asesoramientos ante los abusos comerciales. Para Pimpi Colombo, la defensa de los consumidores “es una acción que se ejerce desde el diseño de políticas públicas que permitan que todos los ciudadanos se constituyan en usuarios o consumidores de algún servicio con el mismo nivel de oportunidades”.

Esta diferenciación, como dijo, la planteó para que se comprenda que es vital entender que la política de redistribución de riquezas, que en parte llegaría a promover la medida nacional de retacear subsidios, es también “hacer defensa de los derechos de los consumidores”.

“Este Estado trabajó para que haya un reparto cada vez más democrático, y no para esas medidas que falsamente defienden derechos, porque en verdad defienden a una minoría. Tenemos que difundir estas cosas y ponerlas en común, porque todos nosotros tenemos que lograr que la ciudadanía tome decisiones autónomas y a conciencia. Y a su vez, generar un consumo más responsable y cuidadoso de los recurso que son de todos”, concluyó.

BALANCE POSITIVO

En octubre de 2009, y por el trabajo realizado en conjunto con la Defensoría del Consumidor de la Nación, Mar del Plata se constituyó en la primera ciudad del país en impulsar la experiencia de los llamados Tribunales de Arbitraje de Consumo Turístico, que tienen por objetivo resolver en menos de 72 horas los problemas de consumo que puedan generarse en la ciudad.

Para balancear lo actuado hasta el momento, junto a las 35 empresas adheridas a este sistema de atención, Pimpi Colombo visitó Mar del Plata y expuso: “El camino del arbitraje es una alternativa para tener soluciones a más corto plazo. En el arbitraje hay soluciones y no sanciones, lo cual es una perspectiva diferente, porque es conciliadora. Desde el punto de vista del sistema y de la Municipalidad, también es un mensaje que dice que acá, en Mar del Plata, nos comprometemos a resolver los problemas que surjan”.

“Y como en el caso del arbitraje –continuó- hay un máximo de 72 horas para que el conflicto esté resuelto, el turista llega a la ciudad y sabe que si hay algún problema se va a resolver y no se va a ir con la cara larga de vuelta a su casa. La idea es que los turistas siempre quieran volver porque aquí se sienten bien tratados. Desde el punto de vista del turista está bueno saber que donde vos vas estás cuidado”, entendió Pimpi Colombo, que destacó todas aquellas acciones tendientes a “difundir los derechos de los consumidores para que ellos mismos puedan exigirlos”.

A su turno, y luego de agradecer la presencia de la funcionaria nacional, Marcelo Artime, secretario de Gobierno, manifestó: “Estamos es intensificando el trabajo en este tema. Se imaginan que en una ciudad, en un verano en el cual se ha incrementado el consumo, es importante que ahí intervenga el Estado, protegiendo al consumidor. Además, es importante darles una oportunidad a los comerciantes y empresarios a que puedan llevar adelante una política absolutamente transparente en la relación con el consumidor. Ese es el papel del Estado: arbitrar y mediar para que haya buenas relaciones entre el comercio y el consumidor”.