Con las máquinas validadoras de SUBE ya instaladas en los más de 18 mil colectivos que circulan en Buenos Aires y el Conurbano, el Gobierno se prepara para implementar entre enero y febrero un aumento “inteligente” de los boletos, que permita diferenciar lo que paga cada pasajero según su actividad y nivel socioeconómico. Según pudo saber BAE por fuentes oficiales, la medida –que iba a entrar en vigencia este año pero que se demoró por el choque de Once– se encuentra en fase de pruebas técnicas. El objetivo es frenar la sangría que representan para el fisco los subsidios al transporte, de cerca de $20.000 millones al año

Una decisión tomada es que no habrá aumento de tarifas para jubilados, empleadas domésticas registradas, ex combatientes y beneficiarios de planes sociales

Los planes para poner en marcha el boleto diferencial se trazan en el Ministerio del Interior y Transporte y en un edificio de Once donde funciona la Unidad SUBE. Allí trabaja Rodrigo De Dios, gerente del área e hijo de Ángel De Dios, director del Banco Nación y encargado de su subsidiaria Nación Servicios, encargada de emitir los plásticos azules.

A principios de este año, Schiavi había anunciado que se pondría en marcha “en pocos meses” el direccionamiento de los subsidios, a fin de que cada usuario pagara un boleto más acorde a sus posibilidades.

Tras varias postergaciones, recién el 6 de agosto último el boleto mínimo sin SUBE subió a $1,50 para el tren y a $2 para el colectivo. Todos los usuarios de la tarjeta, sin embargo, pudieron seguir pagando las tarifas previas, que arrancan en 80 centavos y $1,10 respectivamente. Ahora la suba sería diferenciada, aunque aún no están definidos los valores ni los criterios según los cuales se discriminará entre los usuarios.

Las negociaciones para el nuevo retoque de tarifas se llevan adelante con la Asociación Civil del Transporte (ACTrans), formada en 2010 por los dueños de colectivos de línea y coadministradora del sistema SUBE.