Enterado de que el caso de la joven perdida se había resuelto, el gobernador José Manuel de la Sota inicio desde Estados Unidos consultas con la Fiscalía de Estado sobre la posibilidad de que la Policia pueda cobrar los gastos de búsquedas de menores o jóvenes desaparecidos en situaciones que no hayan supuesto la comisión de un delito.

“Los gastos en que incurrimos por situaciones que resultan falsas alarmas son enormes”, dijo el gobernador en Washington. Y detalló la cantidad de efectivos y horas de helicóptero que insumió este último caso.

La idea es aplicar el criterio que se usa a los que se pierden en las sierras, ejemplificó De la Sota. Algo similar se aplica desde hace poco con los que se pierden en los ascensos al Aconcagua, en Mendoza, aunque es difícil encontrar similitudes entre eso y la situación de un desaparecido en ciudad.