El Ejecutivo provincial quiere reunir hoy a unos 200 jefes municipales y a los legisladores provinciales, para ponerlos al tanto de la iniciativa y sumarlos al trabajo territorial. Por su parte, varios de los caciques del interior tienen algunas quejas en torno a la liquidación de las remesas de coparticipación.
Se trata de un nuevo capítulo en el enfrentamiento con el Gobierno nacional, para lo que la gestión provincial pretende juntar hoy a unos 200 jefes comunales del peronismo, encabezado por Walter Saieg de Alta Gracia, para alinearlos tras su posición, y cuenta para convencerlos con una encuesta de campo realizada recientemente por Julio Aurelio. Los legisladores, en tanto, estarán encabezados por Carlos Alesandri y Sergio Busso.
Las preguntas de esta encuesta habrían sido, entre otras: a) ¿Está de acuerdo en bajar las jubilaciones altas?; b) ¿Está de acuerdo en eliminar el 82% móvil?, y c) ¿Está de acuerdo en pasar la Caja a la Nación?
Es evidente que De la Sota espera recoger un abrumador respaldo de la ciudadanía en las urnas, que lo ayude no sólo a presionar a la administración de Cristina Fernández de Kirchner para que envíe los fondos reclamados, sino que también servirá para la campaña en la elección de diputados nacionales del año próximo.
El casi obvio análisis que se hace en El Panal es que si UPC enfrenta a otra lista de dirigentes peronistas alineados en el Frente para la Victoria el año próximo por las nueve bancas de Diputados que se renuevan (algo que hasta el momento se da por descontado que será así), lo hará montado en la campaña por la conservación del sistema previsional cordobés, como una manera de succionar la masa creciente de votos que le viene restando el kirchnerismo.
No es la primera vez que De la Sota siendo gobernador activa una maniobra semejante.
Ya el 22 de julio de 2001 realizó un plebiscito en donde se le consultó a los cordobeses si le parecía bien modificar la Legislatura Bicameral y convertirla en Unicameral reduciendo los escaños de 133 a 70.
En el fragor del descrédito político que precedió al famoso reclamo de “que se vayan todos”, la respuesta de la ciudadanía fue contundente a favor de la posición que impulsaba el gobernador.
Un 70% de los electores habilitados para votar, o sea, 1.600.000 ciudadanos, concurrieron a las urnas para pronunciarse sobre el asunto y según los parciales conocidos un 69,61% dijo que “sí” estaba de acuerdo, un 18,21% dijo que “no”, un 5,88% votó en blanco y entre recurridos, impugnados y nulos hubo un 6,36%.
De la mano de este plebiscito, De la Sota montó la campaña en el 2003 que le valió su reelección, aunque ahora las miras apuntan un poco más alto, es decir a la Cámara de Diputados como paso previo para la Casa Rosada.
La convocatoria a los intendentes realizada por González apuntará a conseguir el apoyo de estos para la implementación y respaldo en sus territorios del plebiscito, y para ganar de mano a otros partidos políticos o instituciones, que también comenzaron a proponer la realización de algún tipo de consulta popular sobre el tema de la Caja, bajo la consigna maniquea de a favor o contra de Córdoba.
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