El gobernador José Manuel de la Sota reclama desde hace varios meses la apertura de un diálogo maduro con los funcionarios nacionales, para negociar la deuda que supuestamente éstos mantienen con su administración por aportes no realizados al sistema jubilatorio provincial y por distintas obras públicas que ejecutó el ex mandatario Juan Schiaretti con la promesa previa de financiamiento del Estado federal.

Sin embargo, y como gesto casi contradictorio a este pedido permanente de diálogo institucional hacia el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, De la Sota decidió suspender en Córdoba y sin fecha de reapertura, las reuniones de la Mesa de Trabajo Permanente Provincia-Municipios.

Este órgano clave de discusión que De la Sota creó acertadamente en su primera gestión para encauzar la convivencia con los 427 jefes comunales de Córdoba no sesiona desde el pasado 8 de mayo, por decisión unilateral del gobernador, quien dio expresas instrucciones en este sentido al jefe de Gabinete, Oscar González.

Las fuertes críticas formuladas por los intendentes opositores -especialmente del radicalismo y en menor medida del Frente Cívico- a los nuevos criterios que se aplican para la distribución de los recursos de coparticipación y de Fofindes, enojaron al titular del Poder Ejecutivo y generaron no sólo la parálisis de la Mesa, sino también la postergación de distintas comisiones de trabajo que habían sido prometidas en materia económica, de salud y educación.

Así como el Gobierno nacional le dice a la Provincia que la coparticipación federal se gira de manera automática y diariamente, según la ley vigente, De la Sota también sostiene que él gira a los intendentes quincenalmente el dinero que les corresponde.

Sin embargo, subyace como elemento de divergencia estructural, la disparidad de criterios que tienen los distintos estamentos gubernamentales sobre el mismo tema.

Mientras que De la Sota y sus colegas de otras provincias sostienen que la Nación coparticipa menos dinero de lo que corresponde, los intendentes opositores de Córdoba también aseguran que el Estado cordobés ha generado nuevos tributos y que los mismos no se distribuyen proporcionalmente entre los municipios y comunas.

Aunque ya han pasado más de dos meses de la última reunión de la Mesa Provincia-Municipios, todo parece indicar que la misma seguirá paralizada varios días más, hasta que al mandatario cordobés se le pase el profundo malestar generado por las críticas de los intendentes.

Los principales colaboradores del jefe de Gabinete admiten la realidad y que las relaciones institucionales con los bloques de intendentes están frías. No obstante, aseguran que siguen recibiendo a los jefes comunales en audiencias privadas, para tratar temas particulares de cada pueblo o ciudad. Incluso recuerdan que González participó de algunas reuniones con distintas comunidades regionales, donde escuchó los numerosos reclamos y pedidos de la oposición, aunque sin dar respuestas firmes y concretas para todos ellos.

Pese a que hasta el momento los bloques de intendentes de la UCR y del Frente Cívico mantienen un absoluto mutismo, no se descarta que la próxima semana puedan surgir sendos pronunciamientos políticos exigiendo la reapertura del diálogo institucional que sólo aseguraba la Mesa Provincia-Municipios y que se vio interrumpido por el enojo del gobernador hacia críticas que hasta algunos intendentes peronistas consideran lógicas y justificadas.