Los flamantes gobernador e intendente arrancarán sus administraciones con panoramas económico-financieros complejos y con la necesidad de comenzar a gobernar de inmediato.
En el caso de la Provincia, el ahogo financiero es producto de la deuda acumulada de la Nación que, entre recursos para obras viales, viviendas y Caja de Jubilaciones, suma 1.710 millones de pesos, la misma cifra que requiere el Estado para cumplir con el pago de salarios, haberes previsionales y aguinaldos este mes. El gobernador Juan Schiaretti se retira con la comunicación con la Nación prácticamente cortada -nada más allá de un llamado de cortesía- y, por ende, será imperioso para De la Sota reconectar los vínculos y lograr el envío de partidas.
Además, el nuevo gobernador tendrá desde su asunción 20 días más de convenio con Anses por el déficit previsional. El acuerdo vence el último día de diciembre y, más allá de que de los fondos correspondientes a este año no haya llegado un peso, es un documento clave para cualquier tipo de reclamo. Córdoba tiene dos vías posibles para avanzar en un paliativo. Una es otro acuerdo con la Nación y la otra -que se está negociando en el Congreso- es lograr que se apruebe el proyecto de Francisco Fortuna que apunta a que Anses pase automáticamente a las Cajas provinciales no transferidas el aporte del IVA previsional, que es 11% del total de la recaudación de ese tributo.
En cualquiera de los dos casos, como lo planteara LA MAÑANA hace unos días, la llave es política más que económica.
De la Sota recibe una provincia con una deuda de 13 mil millones de pesos (60 por ciento más alta que a la llegada de Schiaretti), de la que un 30 por ciento está nominada en dólares. La suma, si bien es manejable por la relación con el presupuesto (equivale a 1,5), presenta compromisos que pueden complicarse de no zanjarse el vínculo con el Gobierno central.
Por otro lado, el nuevo período coincidirá con el malhumor social producto de los aumentos en servicios e impuestos -ya aprobados por la gestión saliente- y con el conflicto gremial que deberá resolver. También los contratistas de obras (como lo reflejara oportunamente este medio) están reclamando por atrasos en el pago de unos 500 millones de pesos en certificados. En este rubro, De la Sota deberá resolver qué trabajos y con qué fondos continúa.
Municipalidad al rojo
Si la situación de la Provincia presenta complicaciones, la de la Municipalidad mucho más. Mestre llega a una ciudad con problemas en todos los frentes, desde semáforos que no funcionan (la prestadora fue estatizada hace unos meses) hasta gastos en personal que insumen el 67 por ciento del presupuesto (lejos quedó la cifra del 50 por ciento fijado por ordenanza).
En la segunda lectura, el nuevo Concejo Deliberante podrá introducir algunos cambios en el presupuesto de 3.700 millones de pesos para 2012, pero la clave pasa por tener margen de maniobra para hacer obras y prestar servicios, una posibilidad que se avizora lejana en función del actual contexto.
La deuda de la comuna está estimada en unos 600 millones de pesos, aunque el mestrismo no confía plenamente en el número. De ese total, uno de los segmentos más preocupantes es el de 132 millones que se deben a pagar a Tecsa, al que se agregan unos 40 millones de costas judiciales y honorarios.
Las estatales Tamse y Crese son otro frente de conflicto. El nuevo intendente asegura que dividirá la empresa de higiene urbana en dos y privatizará una. La de transporte podría seguir en manos del Estado.
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