Hace unos meses, en plena campaña política e incluso después, con el triunfo de José Manuel de la Sota en las elecciones era difícil, para la mayoría, imaginar la complejidad del escenario que recibirá el sucesor de Juan Schiaretti: no sólo están las protestas gremiales en reclamo de un incremento salarial, sino que se suma la finalización del acuerdo con la Nación para compensar el déficit de la Caja de Jubilaciones y las deudas acumuladas por el gobierno central.

A diez días de su asunción –jura el 10 de diciembre- De la Sota deberá afrontar el pago de sueldos y medio aguinaldo, compromisos que suman algo más de mil millones de pesos. Si la Nación –como se espera- no cumplió con algunos de los giros adeudados, es posible que el nuevo gobernador tenga que echar mano a los 280 millones de dólares de las series 2 y 3 de Boncor depositados en el Banco de Córdoba y cuya emisión se realizó para planes de obras públicas (viales, escuelas y hospitales).

Fue el mismo secretario de la Gobernación el que sugirió esa alternativa: “Podríamos estar en una situación mucho más holgada si la Nación envía los fondos comprometidos, pero están garan­tizados el pago de los salarios”, afirmó en referencia a los bonos. No obstante desde el delasotismo expresaron la “preocupación del gobernador electo” en tener que utilizar esta herramienta.

Ese dinero –que la Provincia está pagando al 12 por ciento anual- sería el aval para no incursionar en incumplimientos con los empleados y los jubilados. Con los proveedores del Estado los problemas ya están, aunque fueron minimizados ayer desde el ámbito empresario . Los pagos, que venían realizándose cada 60 días ahora pasaron a 120. Aunque la versión de los empresarios es rechazada por el ministro Angel Elettore éstos insisten con que hay retrasos pasadas las elecciones y, aunque admiten que la deuda de la Nación complica a la Provincia, la explicación no mejora su humor.

La otra pata de los problemas que afrontará De la Sota –y que ya conocía- es la finalización del acuerdo por la Caja de Jubilaciones con la Nación, que vence el 31 de diciembre. El rojo previsional previsto para 2012 es de 1.600 millones de pesos. Con el diálogo prácticamente cortado con los funcionarios kirchneristas, el panorama se presenta complejo.

También para el gobierno central los próximos meses aparecen complicados, con menos ingresos fruto de la crisis internacional, por lo que es una incógnita saber si un nuevo convenio será tan oneroso como el que está en vigencia. Por primera vez en casi una década de gestión hay señales de ajuste al gasto público nacional.

De la Sota asumirá con un presupuesto que, si bien incluye un ajuste impositivo de entre el 20 y el 50 por ciento que alcanza a la mitad de la población, no le garantiza la cobertura de todos los gastos. Es imperioso para él cobrarle a la Nación las deudas, armar un acuerdo por la Caja y reencausar el diálogo con los empleados públicos.

Y aunque la administración schiaretista lanzará al mercado letras para conseguir hasta 500 millones de pesos, el contexto (ni nacional ni internacional) no es alentador para estos movimientos. El objetivo de esos recursos no está definido y, seguramente, la decisión se tomará en consenso con el delasotismo.