CONTRA. Referentes de los letrados a nivel nacional se manifestaron en contra de la medida del PE

La puja desatada entre la administración alperovista y los abogados de la comarca a raíz de la ley dictada por el parlamento local, la cual establece que los fondos de depósitos judiciales inmovilizados saldrán de la órbita de la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores (CPSSAP), para ser asimiladas a las cuentas oficiales del Gobierno, suma mayores rechazos. Esta vez, instituciones a nivel nacional brindaron su apoyo a los letrados tucumanos en su pretensión de que tal norma sea vetada por el Poder Ejecutivo.

De esta forma, durante la jornada de ayer, se llevó a cabo un encuentro en las instalaciones de la CPSSAP que reunió a los principales referentes de la profesión en el ámbito vernáculo que expusieron el estado de situación a sus pares en el orden federal.

Así, de acuerdo a lo señalado por Ricardo De Felipe, presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, la postura adoptada por el Gobierno "afecta a la colegiación legal que, históricamente, tuvo tres parámetros fundamentales como es el control de la matricula, el control ético y disciplinario. Con las últimas reformas constitucionales que se vinieron dando, el sistema de previsión y de seguridad social, controlado por los propios matriculados, pasa a ser una de las herramientas fundamentales de la colegiación y venimos a defender al ejercicio de la profesión libre, no sólo del abogado, sino que acá están afectados jubilados, familiares y pensionados", sostuvo.

Vale recordar que existen alrededor de 68.000 cuentas judicializadas, mientras que de la Caja dependen cerca de 7.000 profesionales, entre activos, jubilados y pensionados, entre los cuales se encuentran 500 beneficiarios directos. También es necesario recalcar que la cifra anual en intereses que percibía la citada institución asciende de los 12 a 15 millones de pesos, de acuerdo a lo informado por el titular del Colegio de Abogados de la provincia, Eudoro Aráoz.

Dada la aprobación del proyecto impulsado por el justicialista Sisto Terán, avalado por parte de la mayoría oficialista legislativa y ante la débil resistencia de todas las bancadas opositoras durante la sesión concretada el jueves último, con esta normativa "se ve afectado el derecho a contar con un beneficio jubilatorio y con las pensiones puesto que se va a desfinanciar un sistema de previsión lo que impedirá que los jubilados puedan percibir sus haberes como corresponde y legítimamente", aseveró De Felipe.

En tanto, de acuerdo a las consideraciones vertidas por el presidente del Consejo Coordinador Cajas de Previsión Social para Abogados y Procuradores de la República Argentina, César Antonio Grau (también presente en el encuentro), lo ideado por el alperovismo vulnera derechos adquiridos al argumentar que "las Cajas se manejan con estudios actariales de cálculos de recursos y gastos, si ya tiene estipulada determinada cantidad de gastos para pagar jubilaciones, que no son gastos extras, sino obligaciones que son inherentes al estado provincial y que ha delegado en las cajas para que brinde seguridad social a sus afiliados".

Sin consensos

En tal sentido, realizó una comparación en las formas de financiamiento de estas instituciones y su diferenciación con el esquema que puede erigir un estado, al tiempo que criticó la falta de equiparidad en la administración de los recursos afectados.

"El sistema de Cajas no tiene fondos, como por ahí lo puede tener el sistema de ANSES, que recibe fondos del impuesto a los cigarrillos, naftas, el 15 por ciento de coparticipación federal entre Nación y provincia. El sistema de cajas profesionales no recibe un centavo de eso, y los abogados que contribuyen al sistema, no reciben esa contraprestación, es decir, somos solidarios con el sistema general, pero el sistema de solidaridad se quebranta cuando se recortan los fondos que están estipulados ya por ley. Hay que tener mucha delicadeza en este tipo de temas porque generan consecuencias a lo largo de años", graficó, a modo de advertencia.

De Felipe recordó que situaciones similares se sucedieron en otras jurisdicciones por lo que trajo a colación lo acaecido en la provincia de Santa Fe, pero dejando aclarado que "el gobierno, en un dialogo con los Colegios y Cajas, llegaron a un entendimiento y se lo dejó sin efecto. Es lo que falta en este momento con el Gobierno de Tucumán. No corresponde democráticamente (la aplicación de la ley en cuestión), porque se priva el debate, eso no debe existir, más allá que es legítimo el procedimiento que se ha utilizado, que reúne las mayorías suficientes, pero de ninguna manera se tiene que privar del debate público estas cuestiones", puntualizó.

Teniendo en cuenta lo referido por César Grau en torno a un posible cierre de la CPSSAP, igualmente, el organismo debería seguir cumpliendo sus obligaciones por 60 años más, por lo que instó a una resolución consensual de la problemática. "De no revertirse, esto se judicializará. Esta ley es íntegramente inconstitucional, hay numerosa jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación que establece la inconstitucionalidad de este tipo de normas, porque vulnera principios netamente constitucionales, como el principio de propiedad, razonabilidad, progresividad. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos también se expidió sobre estos casos, ya que se establece un principio de mejora continua en la prestación del servicio de seguridad social", aludió.

Dado tal conflicto, fueron los propios letrados quienes le requirieron a Alperovich una reunión para exponer las razones que motivan su oposición a la ley sancionada y solicitarle que vete la misma. Ante ello, según palabras del Mandatario, en la jornada de hoy los recibiría para interiorizarse de tales argumentaciones, aunque deslizó que la ley será promulgada.