Esta Asociación Civil, vinculada a los dirigentes de la UOCRA, César y Jorge Trujillo, ya había recibido a fines del año pasado una asistencia financiera de casi $12 millones por el mismo concepto. En la sesión del HCD, desde la oposición se denunció este jueves un posible caso de “corrupción”. PRIMER ACTO: CASI 12 MILLONES DE PESOS En octubre de 2011, el Concejo Deliberante aprobó un Convenio impulsado por el intendente Pulti por el cual se le entregó una asistencia financiera de casi 12 millones de pesos a una ONG relacionada con los dirigentes de la UOCRA, César y Jorge Trujillo, para la construcción de 84 viviendas en el marco del Plan Dignidad. El citado Convenio fue rubricado por la Municipalidad, la Provincia y la Asociación Civil Trabajar. En los fundamentos de la iniciativa, desde el Departamento Ejecutivo local se indicó que la millonaria contratación directa “responde al temperamento perseguido por este Gobierno Comunal en cuanto a propiciar todas aquellas acciones tendientes a fomentar los aspectos sociales, demográficos y asistenciales de nuestra comunidad”. Hay que recordar que Jorge Trujillo se encuentra procesado en la causa que lleva a cabo el Juzgado de Garantías Nº 2 del Departamento Judicial Mar del Plata por los delitos de administración fraudulenta, fraude a la administración pública, falsificación de instrumento público y utilización de documento público adulterado en el marco de la construcción de un Plan de Viviendas en Miramar. SEGUNDO ACTO: OTROS 2 MILLONES DE PESOS Pero, ante la duda que aquella partida no alcanzara, el Instituto de la Vivienda de la Provincia ahora entregó otros 2 millones de pesos a la ONG de los Trujillo para la construcción de las 84 casas que se encuentran entre las 500 iniciales. En pocos meses, la cifra inicial pasó de casi $ 12 millones a un monto que supera los $14 millones. El pasado 6 de agosto, el intendente Pulti elevó a consideración del Concejo Deliberante un polémico proyecto de ordenanza por el cual se busca convalidar otro Convenio por el cual se amplía el monto inicial que estaba pautado a entregar a la Asociación Civil Trabajar. El expediente fue presentado por el Ejecutivo local ante el Concejo Deliberante el pasado 6 de agosto. Al otro día, la iniciativa tuvo el guiño de las Comisiones de Obras y Legislación del HCD mediante un tratamiento relámpago llevado adelante por el bloque de concejales Acción Marplatense. Este jueves, el proyecto de ordenanza impulsado por el intendente Pulti fue tratado en el marco de una nueva sesión del Cuerpo Legislativo. A la hora de la votación, solo el oficialismo había anticipado su voto positivo. Por su parte, los bloques de la oposición manifestaron su intención de no acompañar la controvertida iniciativa. Incluso, el concejal Hernán Alcolea habló de “despilfarro de fondos públicos” y “corrupción” por el monto de las casas. Para evitar que el escándalo sea mayor, Acción Marplatense pidió que el expediente volviera a las Comisiones internas del HCD. El texto lleva la firma del Jefe Comunal marplatense, el Presidente de Asociación Civil Trabajar, Cesar Trujillo, y representantes del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires. En los fundamentos del expediente, Pulti explicó que la Provincia actualiza “la asistencia financiera en una suma de pesos determinada en 14.130.475,92”. “Esta actualización se encuadra en un marco de atención a las políticas sociales, en donde la finalidad del Estado es dotar de herramientas necesarias para cumplir con las distintas demandas que en materia de provisión de bienes y servicios necesita de la Comunidad”, agregó el titular del Ejecutivo local. POCA TRANSPARENCIA El fin de esta partida sería la culminación del Programa Plan Dignidad, orientado al desarrollo de unidades habitacionales en asentamientos críticos con el fin de eliminar las viviendas insalubres. Toda esta operatoria arrastra más de ocho años tiene un marco de grandes irregularidades que involucran a la Asociación Civil Trabajar, al Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires y al municipio de Mar del Plata. En primer lugar, a la ONG -la encomendada para realizar el proyecto- porque nunca justificó la utilización de las partidas y tampoco terminó las obras, pese a que transcurrieron 8 años de la primera entrega; al Instituto de la Vivienda por ser el encargado de destinar los fondos a la Asociación Civil Trabajar y por no realizar las inspecciones correspondientes; y a la municipalidad por ser la entidad que prestaba el apoyo logístico, técnico y organizativo. A pesar de todos los millones de pesos otorgados por el Estado, la ONG Trabajar sigue sin concluir el proyecto iniciado en 2004, que en un principio contaba con la ejecución de viviendas para la reubicación de la Villa de Paso.