Otra vez la Corte emitió un fallo a favor de los presos de las cárceles mendocinas, pero en este caso, la decisión no irritó al gobernador Alfredo Cornejo.

 

 

 

La relación entre ambos poderes ha sido hasta aquí mala. En diciembre pasado, cuatro ministros del alto tribunal, bajo la influencia de Omar Palermo, decidieron ponerles límites a las detenciones para frenar el hacinamiento de presos.

 

 

 

La reacción de Cornejo fue furiosa y produjo efectos concretos. Tras quejarse del impacto de aquel fallo en el sistema de seguridad, el gobernador impulsó y logró la sanción de una ley que va en sentido contrario a la decisión de la Corte: promueve las prisiones preventivas.

 

 

 

Cinco meses después, la Corte volvió a aceptar un habeas corpus que cuestionaba las condiciones de alojamiento de los presos en los complejos de Almafuerte y San Felipe.

 

 

 

Es más. A diferencia del anterior, que apuntaba a tener incidencia solamente en el ámbito del Poder Judicial, la nueva resolución le sugiere al Gobierno invertir recursos y le pone plazos para el mejoramiento de la infraestructura carcelaria.

 

 

 

Sin embargo, esta vez, los planetas no chocaron. Y esto en buena medida se debe a que el alto tribunal se cuidó de no generar nuevos conflictos con el jefe del Poder Ejecutivo.

 

 

 

El punto 2 de la resolución reflejó la cautela de los ministros de la Corte en el nuevo fallo. Dice allí que la Justicia aprueba las propuestas de mejora carcelaria que en su momento realizó el ministro de Seguridad, Gianni Venier.

 

 

 

El habeas corpus fue presentado en noviembre por el abogado de los derechos humanos Carlos Varela Álvarez. En abril hubo una audiencia de conciliación en la que el Poder Ejecutivo presentó su plan para ampliar la infraestructura carcelaria.

 

 

 

"Han aceptado nuestro plan de adecuación", destacó en la tarde de este lunes un funcionario de Cornejo, quien indicó que este fallo refleja coincidencias, no disidencias, entre la Justicia y el Gobierno.

 

 

 

El plazo para cumplir la sentencia es una prueba de ello. La parte resolutiva señala que el Ejecutivo tiene 90 días para presentar "un cronograma de tareas con su respectiva programación financiera". Pero esos 90 días son hábiles, con lo cual el plazo real para que Cornejo presente el cronograma es mucho mayor a los tres meses.

 

 

 

La cautela marcó todo el fallo. Según pudo saber este diario, el primer borrador de la sentencia no le daba 90 días al Gobierno, sino 60, para indicarle a la Corte cómo mejorará la habitabilidad de los dos complejos penitenciarios con mayor hacinamiento.

 

 

 

Además, también en la primera redacción, la Corte había introducido la palabra "disponer", en lugar de"solicitar" el cronograma de obras, que es lo que al final colocó en el punto 4, para suavizar su decisión.

 

 

 

No es un detalle, por otra parte, que el nuevo y cuidadoso fallo haya incorporado las firmas de dos ministros más.

 

 

 

Sólo se privó de hacerlo, por las dudas, el presidente Pedro Llorente. Pero se sumaron esta vez Mario Adaro y Herman Salvini, quienes en diciembre, cuando se emitió el protocolo para restringir las prisiones preventivas, evitaron un escenario de conflicto con el Gobierno.

 

 

 

El Poder Ejecutivo valoró los gestos de la Corte. No sólo mostró conformidad con los plazos otorgados, sino que también vio con buenos ojos que los ministros del alto tribunal comprometan en el cumplimiento del plan de mejoras a los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados.

 

 

 

"En esto tienen que estar los tres poderes", destacaban anoche los funcionarios consultados. Unos y otros señalaban, además, que Cornejo ya propuso la construcción de una nueva cárcel en Cacheuta a través de la ley de Emergencia en Seguridad, propuesta que fue eliminada por el PJ en la Legislatura.

 

 

 

Hubo otro elemento que esta vez logró que la Corte y Cornejo unificaran criterios.

 

 

 

Esta semana, el abogado que presentó el habeas corpus viajará a Santiago de Chile para ampliar sus denuncias sobre las cárceles locales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

 

 

 

De esa reunión participarán también dos funcionarios provinciales: el ministro de Gobierno, Dalmiro Garay; y el director de Enlaces y Asuntos Penitenciarios, Juan Ignacio Mullet.

 

 

 

Los plazos para resolver el habeas corpus colectivo presentado por el propio Varela estaban vencidos y eso podía dejar mal parada a la Corte mendocina. Por eso se decidió resolverlo antes de la audiencia en Chile, aunque con diplomacia, para que ambos poderes "hicieran los deberes" ante un tribunal que ya castigó a Mendoza por el estado de sus prisiones.

 

 

 

Este accionar políticamente correcto no impidió que algunos funcionarios de Cornejo pidieran micrófonos anoche para acusar a los abogados de derechos humanos de actuar con intencionalidad política contra el radicalismo.

 

 

 

"Los que presentaron este habeas corpus no hicieron una sola denuncia en los últimos 8 años", afirmó el subsecretario de Justicia, Marcelo D´Agostino, quien además resaltó que durante las gestiones peronistas de Celso Jaque y Paco Pérez "no se construyó un solo metro de cárcel".