Soria citó como fuente las propias declaraciones radiales de Franco quien, a fines de junio y para defenderse de acusaciones relacionadas con obras escolares, dijo que debía "romper los códigos" y cuestionó severamente a funcionarios provinciales y al propio intendente de Allen, Graciano Bracalente. De éste dijo que le habían parado los pagos de la obra que ejecutó en el Concejo Deliberante y que el jefe comunal no le había pagado "ni un solo peso" por la casa que él le construyó.

En el escrito presentado ayer ante la Procuración, el legislador sumó pruebas relacionadas con las presuntas irregularidades en las obras de reparación o construcción de escuelas por parte de la empresa de Franco, que están siendo investigadas penalmente en cinco causas que tramitan en la Fiscalía 3 de Viedma y los juzgados 2 y 4 de esa capital.

Además, hizo notar que en esa entrevista radial, Franco aludió a que su empresa también había realizado obras para el municipio de Allen, y que "me pararon todos los pagos", hecho que atribuyó a un "problema personal" que el intendente Bracalente mantiene con él. "Pero lo bueno sería que me pague la mano de obra de la casa que le hice porque aún hasta el momento no he recibido un solo peso por el trabajo que mi empresa llevó adelante en una obra que es particular del intendente", dijo.

En tal sentido, Soria remitió copia del contrato constitutivo de la sociedad Servicons SRL que el 2 de mayo de 2006 formaron Franco y Eduardo Chavarría, con un capital total de $1.480.000, de los cuales Franco aportó el 95% y su socio el 5%. Añadió que Chavarría ocupó el cargo de secretario de Gobierno del municipio entre el 11 de marzo de 2009 y el 3 de mayo de 2010, período en el cual -para el diputado- incurrió en la incompatibilidad prevista en el artículo 13 de la Carta Orgánica municipal, situación que, a su juicio, no podía desconocer Bracalente.

Pidió por ello a la procuradora, Liliana Piccinini, se investigue la presunta comisión de los ilícitos de malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública, administración infiel y fraude a la administración por parte de funcionarios del Estado provincial y/o municipal.