“Ninguno paga por nada”, fue la frase más resonante que quedó como una conclusión cuando Alberto Morteo, representante legal de algunos concesionarios de Playa Grande, informaba sobre el caso en la emisora 99.9. La actitud que los funcionarios de la Comuna han sostenido, desoyendo a los jueces y siguiendo adelante con la licitación, es irresponsable.

Ninguno paga nada porque diversos errores como estos terminan en juicios contra el Estado comunal, que generalmente se pagan con fondos que pertenecen a todos los contribuyentes. Son los representantes que no han cumplido con sus deberes administrativos, por desidia o por mala intención, quienes deberían verse afectados en sus patrimonios particulares, pero nunca pasa.

Sucedió que los concesionarios de los balnearios 4 A, 7 y 8 de aquel sector costero presentaron un recurso de queja, porque la Municipalidad les negaba los cinco años de prórroga en la explotación de sus negocios, que eran ya un derecho adquirido, y de los cuales -entre discusiones y soberbias- habían transcurrido tres. Con vistas a la próxima temporada, las puertas del edificio municipal seguían cerradas para ellos, y los propietarios no tenían oportunidad de exponer sus puntos de vista. Por eso, los reclamos llegaron hasta la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, a la que Morteo calificó de verdaderamente independiente, no solamente por su composición, sino además porque sus integrantes están ajenos a todos los intereses políticos locales.

Pero mientras tanto, el municipio ha sido irresponsable en dar a entender a los particulares que se había ganado el proceso judicial, y que se encontraba pronta a licitar, porque tal procedimiento es jurídicamente imposible. De hecho, la concejal Claudia Rodríguez se ha aventurado a afirmar que son los ediles radicales quienes se oponen a cumplir la decisión del intendente Gustavo Pulti de seguir adelante con el proceso licitatorio. No son los radicales, es el derecho, porque la Corte se ha expedido el 8 de junio ante un recurso de inaplicabilidad, y pedido la nulidad de todo lo actuado. El resultado indica que, por ahora, se detiene en el tiempo la fotografía actual, hasta tanto la Corte tome una decisión definitiva. Cualquier abogado lo entiende.

La decisión de la Cámara tiene un efecto suspensivo. Por eso, dice Morteo: “es poco serio llamar a licitación, ya que la sentencia de desalojo no se puede ejecutar. Ignoro los motivos por los que se avanza sobre un imposible”. En realidad, resulta siempre llamativa la manera en que desde el palacio comunal las investigaciones judiciales son expuestas desde puntos de vista distorsionados. Recientemente, el secretario de Gobierno municipal, Ariel Ciano, expuso en el marco del comienzo de la investigación penal sobre el uso que se dio a los fondos del plan integral contra la inseguridad, que involucraba servicios de Prefectura. Dijo que los integrantes de esa fuerza estaban “muy ofendidos” por las sospechas. Paradójicamente, no es la Prefectura la investigada, sino la misma Municipalidad, que debe responder por los fondos.

De la misma forma, hoy los ediles no parecen informados de la decisión de la Corte: en el caso de aprobar los avances de la licitación estarían incumpliendo con los deberes de funcionario público y dando espacio a nuevos juicios. Pero como –repitiendo a Morteo- ninguno paga por nada, se reanudaría esta eterna cadena por la que otra vez el Estado saldrá a pagar las sentencias con dineros que pertenecen a todos los ciudadanos. No en vano, entre las noticias se pueden leer declaraciones de alarma de la jueza Carmen Argibay, integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que manifestó sobre la conducta de la ANSES, que esa institución fomenta la industria de los juicios contra el Estado, simplemente porque sus funcionarios pagan mal, liquidan mal, y calculan peor. Es decir cometen errores con nombre y apellido, intencionalmente o por simple impericia.

Todo igual

Ni nueva ni única parece la situación. Un simple paneo por la ciudad y su realidad administrativa muestra un polvorín de situaciones pasibles de intervenciones judiciales, que en caso de llevarse a cabo, los resultados serían seguramente adversos para los intereses comunales. Por lo tanto, se agotarían sus arcas completas en pagar a todo el mundo. Sólo contemplar los potenciales reclamos de los vecinos y comerciantes de la vieja terminal de ómnibus, que se han visto damnificados por el traslado repentino de la estación, y resultan hoy propietarios e inquilinos de negocios cuya rentabilidad ha disminuido más del 50%, dentro o cerca de un predio que se deteriora día a día, ya sepultado en excremento de plagas.

Frente a esto, la Municipalidad insiste en demorar las decisiones en cuanto a la aceptación del proyecto para el futuro del edificio, hoy prácticamente en ruinas. Parece ser que es muy difícil, que no pueden decidir si el proyecto del arquitecto César Pelli se llevará a cabo, o si una vez más se privilegiarán los intereses del estudio Mariani, simplemente porque es el iniciador del expediente, como se ha dicho. Se pide asesoramiento a la provincia, y la respuesta es más que rápida y clara, además de no vinculante. Lo que se ve venir son pilas de juicios por daños y perjuicios por las demoras sufridas.

Alcanza con una rápida mirada, no solamente por el macrocentro. Las obras que se llevarán adelante para la construcción del nuevo Centro de Especialidades Médicas en calles Pehuajó y Elcano, por ejemplo, con toda la bambolla con la que el ministro Manzur trajo un subsidio de $28.000.000 iniciales, hicieron caer un hilo de saliva de la boca de algunos favoritos. ¿Habrán previsto los daños que pueden ocasionar a los vecinos de la zona, dueños de casas humildes sobre calles de tierra, con deficientes o inexistentes desagües pluviales? Por lo pronto, ya está en la línea de largada la empresa Kernis SA - aún en los buenos términos- que solicita a la comuna un resarcimiento por la inundación de la fábrica de Cuba al 186, gracias a todo aquello que los funcionarios no pudieron prever. Se les mojaron bolsas de harina y de fideos, pero muchas. ¿Cuál fue la respuesta de nuestros funcionarios ilustres? La responsabilidad ha de ser de la cuenca del Arroyo Las Chacras. Habrá que informar cuando pavimenten el sector para la construcción del Centro de Especialidades Médicas. ¿Y Kernis? Que Dios lo ayude. Ninguno paga por nada, es cierto.

Como quieras

Ni siquiera se aplica la mínima previsión en los criterios autorizados para la construcción, ya que cada profesional pone a prueba sus lazos de amistad con los funcionarios del sector de Obras Privadas para a conseguir una vía de excepción y hacer lo que le da la reverenda gana, o bien lo que corresponde a intereses creados de carácter millonario.

¿Cuál es el saldo? Cuando la Municipalidad aprueba los expedientes de amigos y benefactores, no tiene en cuenta que detrás de eso vienen los juicios. Como seguramente lo hará la señora Elena Khaitzis, propietaria de la casa de Quintana 1459, que ya ha solicitado la suspensión de las obras del terreno lindero, ya que la excepción otorgada por decreto del Intendente a Julio César Antognini en Alsina 3680, la perjudica seriamente. Al construir entre medianeras se crea una especie de patio interno en espacio libre urbano, lo que es contrario a las características de un barrio residencial. Tiene razón. Seguramente el juicio por daños y perjuicios sobre los derechos adquiridos previamente por la propietaria lo pagarán las arcas del Estado, es decir todos los habitantes de la ciudad.

Entre funcionarios, ninguno paga nada. Quizá sea hora de que, ya que el voto para decidir los términos de la licitación indebida de Playa Grande será nominal, se anoten bien los apellidos de quienes autoricen el procedimiento ilegal. Cosa de que alguno pague con su propio sueldo. Y no se equivoque nunca más.