Diez mil pesos deberá pagar el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) de Chubut por infringir el Código Ambiental de la provincia. La sanción es consecuencia de la quema de cubiertas que realizaron integrantes del sindicato durante un reclamo laboral en Rawson.
La medida sienta un precedente contra las protestas que incluyen esa metodología. Se los acusó de poner en riesgo la salud pública. Por otro lado, la justicia imputó a siete marineros por incidentes con la policía y pidió entre seis y ocho meses de prisión.
El Ministerio de Medio Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de Chubut emitió una sanción por considerar que el gremio de los marineros violó la ley que reprime el daño ambiental producido por generar desechos que degraden el ambiente o pongan en riesgo la salud de la población.
PENALIDAD ECONOMICA
Concretamente se los castigó por haber quemado cubiertas en la vía pública exponiendo con los residuos generados por el humo a la población que circulaba en las inmediaciones y a las familias que tenían viviendas en el lugar.
La sanción es de 10.000 pesos contra el Somu de Rawson durante el extenso conflicto que protagonizó con la flota amarilla y que incluyó protestas en las rutas, frente a la Casa de Gobierno, en la Secretaría de Pesca y también la quema de neumáticos en las viviendas de los empresarios del sector.
La sanción se ampara en el artículo 39º de la Ley XI Nº 35, Código Ambiental de la Provincia del Chubut, que expresa que “ninguna persona física o jurídica podrá arrojar, abandonar, conservar o transportar desechos cuando los mismos pudieran degradar el ambiente en forma incipiente, corregible o irreversible, o afectar la salud pública”.
El Ministerio intimó al sindicato de los marineros a someterse a la vía judicial si no efectivizara la multa, al tiempo que se advirtió que “contra la disposición podrá interponerse el recurso jerárquico dentro de los 10 días siguientes a la fecha de notificación”.
OTRO PROBLEMA
Pero esa no será la única sanción que deberá enfrentar el Somu, gremio alineado con el kirchnerismo y que le generó dolores de cabeza a funcionarios del Gobierno provincial.
La semana pasada se anotició de la imputación de siete marineros, en el marco de una causa judicial que investiga los hechos ocurridos el año pasado cuando se enfrentó con la Policía de la Provincia frente al Ministerio de Economía.
La Fiscalía de Rawson, a cargo de Antonia Suárez, tiene a su cargo la causa en la que ya resolvió imputar a siete de los marineros que seguían desde el exterior las negociaciones dentro del edificio de la cartera de Hacienda.
Suárez García pidió entre seis y ocho meses de prisión. Los acusa de “atentado contra la autoridad y daños”. Podrían no ir a juicio si reconocen los hechos, aceptan su responsabilidad y piden la “probation”, que es la “suspensión del juicio a prueba” a cambio de realizar tareas comunitarias, extinguiéndose así la acción penal.
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