Aun así, tiene un argumento atendible: cada vez que se modificó este impuesto, aun para destinar una parte a las provincias, como ocurrió en 2006, fue necesario alcanzar una mayoría especial de 37 votos.

Pero las razones de la oposición parecen mejores. Sostiene que la Constitución (art. 75, inc. 3), en defensa del federalismo, obliga a reunir una mayoría especial para desviar parte de la coparticipación hacia una finalidad específica. Como esta reforma elimina esa finalidad específica y restituye los fondos a la masa coparticipable, alcanza con la mayoría simple (art. 75, inc. 2).

A la oposición le hubiera gustado, de cualquier modo, contar con 37 senadores. Pero en la madrugada del jueves Carlos Menem hizo otro guiño amigable hacia los Kirchner y se retiró del recinto. No es para menos: el Gobierno le prometió que ningún magistrado obtendrá los dos tercios necesarios para quitarle los fueros y juzgarlo (qué lejos quedó aquella escena de 2005, con Kirchner tocando madera mientras miraba a Menem jurar). También Marcelo Guinle se ausentó. El misionero Luis Viana condicionó su adhesión a que se votara su proyecto. Y Guillermo Jenefes, que se había insinuado contra el Gobierno, se fue a Disney con los nietos.

Sedientos de resultados, aunque fueran discutibles, los opositores votaron esa noche con mayoría simple y ordenaron a Julio Cobos remitir el texto a Diputados. Cobos intentó, en vano, devolver todo a comisión para saldar la polémica constitucional. Tal vez advirtió el peligroso antecedente que se estaba sentando para el día que gobierne un presidente enfrentado al peronismo. Pero no pudo hacerlo y quedó más enfrentado con los Kirchner. Ahora sólo le queda disfrutar de la tapa de los diarios y mirar las encuestas.

El personaje de la semana será el jujeño Eduardo Fellner, titular de la Cámara baja. El kirchnerismo lo conminó a devolver el proyecto al Senado por carecer de los votos suficientes para su sanción. Pero Fellner teme que la oposición lo destituya, como aconsejó hace diez días Eduardo Duhalde. Es cierto que en este trance cuenta con una aliada invalorable, su amiga Elisa Carrió. Aunque Carrió quizá no quiera aparecer concertando mientras Cobos se radicaliza.

La coparticipación del cheque se perderá en un limbo. O en la Corte, que en estas encrucijadas es casi lo mismo. Salvada la caja, los Kirchner se preparan para otras amenazas. Ahora deben defender la composición del Consejo de la Magistratura. Algunos diputados les aconsejan pactar con el radicalismo la reposición de la Corte en la presidencia de ese organismo, como propone Ricardo Gil Lavedra.

La Presidenta había pensado en vetar, pero ahora no abre la boca. Nadie sabe como ella lo que se discute: es la autora de la ley. En consecuencia, prepara su estrategia defensiva: desbordar a sus rivales por la izquierda, envolviéndose en la bandera de la "democratización judicial". Hasta ahora el plan tuvo manifestaciones rudimentarias. Alejandro Rossi propuso someter a los jueces a evaluaciones periódicas, lo que sería inobjetable si no fuera por los antecedentes del Poder Ejecutivo en el avasallamiento del Poder Judicial.

En el mayor de los sigilos, Cristina Kirchner prepara la iniciativa que, según sueña, la convertirá en la gran modernizadora de la Justicia: el establecimiento del juicio por jurados para el proceso penal en caso de delitos graves.

La propuesta electriza a la centroizquierda, que imagina "al pueblo" ingresando en la tecnocracia judicial y, de paso, limitando el poder de la prensa sobre los magistrados. Por otra parte, ¿en nombre de qué liberalismo se pueden esgrimir objeciones? ¿O el juicio por jurados no estaba ya en la Constitución de 1853?

La Presidenta padece la incomprensión de todo visionario. No la de la oposición; la del oficialismo. Hay cada vez más ministros y legisladores que desaconsejan irritar a los magistrados. El sistema de jurados los reduciría a meros coordinadores de los juicios, lo cual refuerza la orientación del proyecto Rossi. Estas ocurrencias se suman a las agresiones contra numerosos jueces, el último de los cuales fue Carlos Fayt (aunque es cierto que el ministro de Justicia, Julio Alak, le transmitió las disculpas de la Presidenta por la gerontofobia de Carlos Kunkel).

Lo del kirchnerismo no es pacifismo. Es cautela. Sucede que las balas judiciales están pegando cada vez más cerca. El de Ricardo Jaime es el caso más escandaloso. Pero la Justicia, como si tuviera los ojos vendados, se está llevando también por delante al ex procurador del Tesoro Osvaldo Guglielmino, y al recaudador de campaña, Héctor Capaccioli; investiga coimas en Aerolíneas y en el Ministerio de Defensa, y ya revisa papeles en la secretaría de la Presidenta: ¿o Isidro Bounine y Daniel Muñoz no deben explicar por qué incrementaron su patrimonio 45 veces, en un caso, y 78 veces, en el otro?

Hay contratiempos menos patibularios. La Corte, por ejemplo, dispuso el viernes pasado que para expulsar a Telecom Italia de Telecom el Gobierno y el grupo Werthein deberán recurrir al Fuero Penal Económico. No al Contencioso Administrativo, donde pensaban lograr la victoria. Para Kirchner es un pésimo revés: la captura de Telecom está en el centro de su estrategia de poder.

Ante este panorama sombrío, los Kirchner comienzan a recibir la recomendación de cambiar de interlocutores con la Justicia. Por ejemplo, aprovechar las vacantes que habrá en el Consejo de la Magistratura para reponer allí a Miguel Pichetto y Jorge Yoma. Por ahora la Presidenta piensa reemplazar a un talibán por otro: se va Kunkel, que entre Carlos "Cuto" Moreno.

Hay otra batalla institucional que se avecina. Es la de los decretos de necesidad y urgencia (DNU). La oposición ya cuenta con un dictamen que obliga al Poder Ejecutivo a conseguir la aprobación de los DNU en un plazo de 60 días, que podrían ampliarse a 90. "¿Entonces para qué sirve un decreto? En ese caso mandaríamos un proyecto de ley", objeta, capcioso, un diputado amigo de la Presidenta. Desnuda así la lógica del oficialismo: del DNU no se espera que abrevie un trámite en una emergencia, sino que permita burlar al Congreso cuando se perdió la mayoría.

La nueva reforma desatará otra polémica laberíntica, ya que suspende, en este caso, el derecho al veto. El kirchnerismo pondrá el grito en el cielo, denunciando que se le usurpa una facultad constitucional.

Es curioso el momento político. Los opositores, ansiosos por obstruir, comienzan a actuar con un desdén procesal propio de los oficialismos. Y el Gobierno, en la resistencia, se vuelve puntilloso con los números y las formas. Parecen Don Quijote y Sancho. Sólo que a aquel prestigioso dúo de la literatura la simbiosis le fue facilitando la mutua comprensión. En cambio la pulverización del sistema político argentino consigue un efecto insólito: que el parecido aumente la disidencia.