La reunión que hoy mantendrá la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, con los secretarios gremiales de Petroleros Privados de la provincia, será la muestra clara de que el conflicto que anticipaba un paro por tiempo indeterminado en la cuenca del Golfo San Jorge quedó desactivado.
Como lo había anticipado el secretario general del Sindicato de Petroleros Privados, Jorge Ávila, la solución al conflicto era una cuestión entre políticos y empresarios, no entre sindicalistas. De esta manera, tras la reunión con la presidenta se descuenta que al tiempo límite del 14 de enero de conciliación obligatoria resuelto por el Ministerio de Trabajo de la Nación le sobrarán días, ya que a partir de mañana se aseguraría la continuidad de los trabajos normales en la principal zona petrolera del país, el yacimiento de Cerro Dragón. “Hay que defender a quien invierte en la región, y la que hace eso es Pan American”, aseguró el secretario gremial a El Diario.
La decisión del gobierno nacional de asegurar un esquema de retenciones móviles que les asegura a las empresas un precio del barril de 70 dólares cuando el precio internacional del crudo esté por encima de las 80 unidades de la moneda estadounidense será una mejora sustancial a lo que venden actualmente las operadoras. En promedio, hasta ahora las petroleras podían vender internamente el barril a un precio de 40 dólares. Además, con el precio actual del crudo que varía entre 85 y 90 dólares, las empresas petroleras obtendrán diez dólares más por cada barril que el anterior plan denominado Petróleo Plus.
Hay que recordar que la situación de conflicto nació el 12 de diciembre último cuando justo el día que se conmemora el día del petróleo, la empresa Pan American Energy anunciaba en un mismo comunicado que se bajaba del plan de Petróleo Plus y que no iba a reactivar los 16 equipos petroleros que estaban parados desde junio. El comunicado, no sólo generó la reacción del sector político (Di Pierro y el ministro provincial de Hidrocarburos, Ezequiel Cufré, a la cabeza), sino también los sindicatos petroleros que aseguraban que con esa decisión estaban al menos 700 puestos de trabajo en juego: “Las empresas prefieren dejar a sus trabajadores en la casa sin tener que pagar el costo salarial del viaje hasta el yacimiento, ni los otros costos que tiene el trabajador petrolero cuando va al campo”, explicó Jorge Ávila a El Diario. Además, el dirigente gremial comentó que el salario básico de un trabajador del sector está alrededor de los 4200 pesos, y que el resto del sueldo (el sector petrolero es de los mejores pagos de la provincia del Chubut), se complementa con otros ítems eventuales que hace que el ingresante a una empresa petrolera no gane menos de 7 mil pesos.
“Alguien miente”
Con ese panorama, Ávila había asegurado que si los políticos no resolvían la cuestión, “se cerraban las válvulas y no había petróleo para nadie”. Además, el dirigente cuestionó a los funcionarios nacionales Axel Kiciloff y Roberto Baratta porque eran quienes tenían que asegurar que se continúen dando inversiones en la cuenca petrolera. Ahora, resuelta la cuestión de las inversiones de Pan American Energy el paso de los días confirmó otra de las cosas que aseguraba el dirigente petrolero: los 16 equipos de la empresa subsidiaria DLS Argentina no estaban desactivados como consecuencia de los destrozos provocados a mediados del año pasado cuando el sector de la Uocra denominado Dragones rompió equipos e instalaciones del yacimiento; sino que era una moneda de cambio para obtener beneficios en la comercialización de gas y petróleo.
El sindicato petrolero, sin memoria ni balance
Aunque ni bien ganó las elecciones gremiales a finales de noviembre ya Jorge “Loma” Ávila ofició como el interlocutor válido entre los trabajadores y las empresas y el gobierno, recién el pasado 2 de enero el dirigente asumió formalmente la conducción del gremio. La asunción no fue muy ortodoxa: no les entregaron la llave del sindicato y una señora tuvo que entregarle en mano los documentos contables. Pero además, de los 89 millones pesos que en marzo pasado la conducción había asegurado que había en la caja, Ávila se encontró con que sólo hay 50 millones. Sobre los 39 millones faltantes se tejen varias sospechas, inclusive que se hayan gastado en la elección gremial. “Vamos a investigar a fondo esta cuestión porque es plata que le corresponde a todos los trabajadores”, afirmó Ávila, y aseguró que hasta que no se sepa qué fue de ese dinero es imposible que la asamblea apruebe la memoria y el balance del gremio petrolero.




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