Sin embargo la decisión de Leavy de refugiarse en el Regimiento de Infantería de Monte para garantizar su integridad física y la de su familia, no fue compartida por todos los consultados.

Carlos Villalba, intendente de Salvador Mazza, consideró que el tema de las amenazas y los atentados están golpeando muy fuertemente a los habitantes de esa localidad fronteriza, donde el 25 de marzo pasado el gremialista Rubén Moreno y su familia fueron víctimas de un ataque con bombas molotov en su domicilio. “Yo soy el más interesado en que este caso se investigue a fondo, sobre todo porque hay colaboradores míos que están denunciados como partícipes de ese repudiable hecho”, afirmó. Calificó de grave lo que está sucediendo con el intendente Leavy, pero apuntó que es necesario confiar en la investigación policial y en la tarea de la Justicia.

“Creo que es necesario que nos juntemos y pongamos en marcha un programa conjunto de acciones”, expresó. Y dijo que Salvador Mazza, por ser fronteriza, es la más expuesta al problema de la seguridad. “Creo que debemos reforzar el trabajo con las autoridades bolivianas para contrarrestar esta situación”, afirmó.

El jefe comunal de Aguaray, Juan Carlos Alcoba, expresó por su parte que “me preocupa este tema y me solidarizo con lo que está sufriendo el intendente de Tartagal”. Dijo que su municipio no escapa a los conflictos sociales y que en los últimos tiempos ha sido víctima de presiones y amenazas de copamiento de la comuna. “Este tema involucra a todos los intendentes de la zona, pero lo de Leavy se agrava porque las amenazas se hicieron extensiva a su familia”, subrayó.

“Yo creo que si entre todos nos ponemos las pilas, de a poco vamos a poder solucionar esta cuestión, que no solo involucra a los intendentes sino a todos los habitantes”, sentenció.

Una mirada diferente

Consultado sobre el tema, el intendente de Embarcación Alfredo Llaya señaló que “si bien comparto la preocupación de Leavy y repudios en todos sus términos las amenazas que recibió, a mi me parece que irse a vivir a los cuarteles es una medida desacertada. Lo digo sin ánimo de polemizar”.

Llaya interpretó que esta suerte de acuartelamiento de Leavy pone en duda el sistema de seguridad y de la justicia misma. “Tenemos policías, jueces y leyes para castigar a los delincuentes y lo lógico es recurrir a esos organismos para que nos den seguridad”, subrayó.

El jefe comunal sostuvo que “lo que hay que hacer es exigir a los organismos de seguridad que tomen todos los recaudos y recurrir a la Justicia para que investigue en profundidad estos actos criminales”.

En idéntico tono que sus pares, Llaya apuntó que para enfrentar la inseguridad es necesario un fuerte compromiso de toda la comunidad. “Yo creo que entre todos debemos buscarle la vuelta al tema; tenemos que confiar en nuestros policías y jueces. Si no, corremos el riegos de quedar totalmente desprotegidos y en esto incluyo a toda la sociedad” concluyó.