El -Área de Ambiente- de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, cursó una serie de peticiones de antecedentes y medidas, a partir de una Actuación de Oficio abierta como consecuencia de la contaminación de las aguas de la Laguna Oca y otros espejos de agua de nuestra Biosfera.
Todo ello a partir de una serie de muestras, cuyos protocolos y resultados fueron solicitados por el Organismo de la Constitución a un laboratorio de nuestra ciudad, que permite inferir que las aguas están contaminadas con residuos orgánicos en un principio.
El Dr. José Leonardo Gialluca, expresó que debemos determinar quiénes son los que arrojan este tipo de residuos orgánicos, productos de las diferentes actividades de seres humanos, vecinos de la ciudad, los cuales deben tomar conciencia de que sus conductas son delictuales y por otra parte daremos intervención a las Áreas Municipales y Provinciales competentes, pues es necesario y oportuno que se “intime y se sancione a aquellos que hacen un mal manejo de los residuos”, pues ello impacta negativamente en nuestro ambiente y también en la salubridad.
En este contexto, el Organismo de la Constitución solicitó la inmediata intervención del Ministerio de la Producción y Ambiente, de la Subsecretaria de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental, de las áreas competentes del Municipio de la Ciudad de Formosa y también de la Policía Ecológica, de manera que actuando en forma coordinada, entre todos, se puedan adoptar las medidas urgentes y necesarias que permitan evitar que se continúen contaminando, no solamente la Laguna Oca, sino también todos los riachos y espejos de agua que se encuentran dentro de nuestra Biosfera.
El Defensor del Pueblo expresó que los derechos de tercera generación aparecieron a modo de sustitución de la clasificación clásica de los derechos fundamentales civiles, políticos, sociales, económicos y culturales.
Debe existir una fuerte defensa común de ciertos bienes que son de todos y que constituyen un patrimonio de la comunidad formoseña y para ello, es necesario que quienes tienen el poder de policía, o son autoridades de aplicación sancionen a aquellas personas que primero anteponen los intereses o derechos individuales por sobre los colectivos.
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