Las autoridades municipales argumentaron en la solicitud de revocamiento de la medida dispuesta por Pibotto, que se contemple "la importante función social" que cumplen los vehículos dentro del funcionamiento comunal y también la prestación social que ofrecen a la sociedad. Además, trascendió que las autoridades castenses hicieron un ofrecimiento de acuerdo judicial a los demandantes Raúl García y Relmo Ferrero, pero algunas versiones indicaron que los productores rurales lo habrían rechazado.

El asesor legal municipal Marcelo Steimbauer presentó ayer la solicitud de levantamiento de embargo del colectivo Iveco que se usa para el traslado de personas con discapacidades; las dos camionetas afectadas al funcionamiento del Parque Automotor; la camioneta Peugeot Partner que usan para distribuir mercadería de los programas sociales dependiente de la dirección de Acción Social municipal y el Ford Escort que utilizan para los controles de tránsito urbanos.

"Consideramos que se debería levantar el embargo sobre los bienes pero no sabemos si será viable porque ya había fecha de subasta publica de los cinco rodados para la semana próxima. Entendemos que por el importante rol y la prestación social que tienen los vehículos, lo más lógico sería resolver el levantamiento del embargo y suspender la subasta", indicó anoche una fuente extraoficial consultada.

Demanda.

El Juzgado 5, a cargo de Gabriela Pibotto, dispuso el embargo de los vehículos municipales por la demanda iniciada por los productores Relmo Ferrero y Raúl García por los perjuicios sufridos en sus predios por las canalizaciones que aceleraron los desagües durante las históricas inundaciones de 2001. La Justicia inicialmente desestimó la demanda, y después la Cámara de Civil dio vuelta el fallo de primera instancia. La jueza Pibotto fijó un resarcimiento de 117.927 pesos, pero los intereses subieron el monto hasta los casi 800 mil pesos actuales.

El fallo hace más de un año que tiene sentencia firme, que es el plazo que tienen las comunas para incorporar el pago de juicios en el Presupuesto municipal. En este caso, en la anterior gestión (la de Juan Chiquilitto) se cumplió el plazo y no hubo acuerdos de pago porque la comuna no tenía los fondos económicos para afrontarlo.

Ofrecimiento.

Ayer trascendió que las autoridades castenses le hicieron llegar una propuesta de acuerdo económico al abogado trenelense Ariel García, quien patrocina a los dos demandantes, pero aún no se cerró el acuerdo judicial.

Extraoficialmente, se divulgó que el intendente Julio González en persona le hizo llegar el ofrecimiento al abogado de los demandantes, que consistiría en pagos mensuales de 70 mil pesos.

Una fuente reveló anoche que el abogado García habría desestimado el ofrecimiento, solicitando una cifra que duplicaría el ofrecimiento de pagos mensuales. "Nosotros no tenemos disponibilidad económica para hacer un ofrecimiento más elevado, así que veremos si llegamos a un acuerdo económico", indicó la misma fuente.