“Hay un desfasaje entre la legislación nacional y el carácter restrictivo de la ley provincial de la Administración Pública que pone como condición de ingreso ser argentino. Por eso, estamos pidiendo que Río Negro se ponga en sintonía con la avanzada Ley de Migraciones, una ley por la que se peleó mucho tiempo y hoy, es un ejemplo en Latinoamérica y en el mundo ya que representa un avance en materia de derechos humanos de los migrantes”, señaló Accavallo.

La Ley Migratoria Nacional define que el Estado, en todas sus jurisdicciones,

“asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias” haciendo hincapié en lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social”. No obstante, la Ley de la Administración Pública de Río Negro establece como requisitos generales de ingreso ser “argentino nativo, por opción o naturalizado”, aunque menciona que el Poder Ejecutivo “podrá permitir, con carácter de excepción, justificada en razones de interés público”, el ingreso de extranjeros.

“Estamos solicitando que la Legislatura de Río Negro se aboque a revisar la normativa provincial porque incluso, se ha sentado jurisprudencia en relación a este tipo de casos. De hecho, hemos tramitado varias denuncias y podemos dar cuenta de, al menos, tres amparos a favor de docentes que siendo extranjeros no podían ejercer como tales ya que el Estatuto Docente plantea como requisito la nacionalidad argentina cuando lo realmente importante es la idoneidad”, indicó el delegado rionegrino.

En el mes de febrero de 2010, la Cámara Laboral de Bariloche declaró la inconstitucionalidad del artículo 12, inciso A de la ley provincial 391 que impide el acceso a ejercer el cargo de docente a una persona de nacionalidad extranjera, ante la demanda de un docente chileno residente en la ciudad de Bariloche. También en Sierra Grande, una docente chilena interpuso otro recurso de amparo ante la imposibilidad de ejercer como docente por no tener DNI argentino y la Cámara del Trabajo hizo lugar a la medida cautelar.

“En los mismos considerandos, el juez hace hincapié en que esta exigencia de nacionalidad argentina contradice la Constitución cuando establece que todos los habitantes será admitidos en los empleos sin otra condición que la idoneidad. Por eso, creemos importante que la provincia avance en la adecuación de la legislación para terminar con este tipo de casos”, resumió Accavallo.