Solicitan informe sobre permisos de desmonte durante los últimos dos años

Lo hizo la titular del Juzgado Civil Nº6, Iride Isabel Grillo a la Dirección de Bosques, tras la audiencia del martes último. Deberá ser presentado el 21 de junio cuando prosiga la reunión. Además pidió conocer si se realizaron auditorías ambientales
La titular del Juzgado Civil y Comercial Nº6, Iride Isabel Grillo, solicitó una serie de informes a la Dirección de Bosques del Chaco sobre autorizaciones de desmonte concedidas y multas aplicadas durante los últimos dos años en territorio chaqueño. Deberán ser entregadas a ese juzgado el 21 de junio próximo, cuando se reanude la audiencia convocada por la magistrada quién controla el cumplimiento de un amparo que protege los bosques chaqueños en territorios de propiedad comunitaria indígena. Además, pidió al gobierno del Chaco y al Ministerio de la Producción que en un plazo de cinco días informe si ha realizado audiencias ambientales o si existen programas en ejecución en materia de auditorías ambientales y detalles del decreto o resolución ministerial que suspendió los desmontes y permisos silvopastoriles en el Chaco.

CHACODIAPORDIA tuvo acceso a las resoluciones firmadas por la magistrada este miércoles 23 de mayo en el marco del Expediente Nº1754/04 caratulado “Asoc. Comunitaria de Nuevo Pompeya, Asoc. Comunitaria de Comandancia Frías y Asoc. Comunitaria Nueva Población C/Provincia del Chaco S/Acción de amparo”. En una de ellas, la magistrada resolvió: “requerir informe a la Dirección de Bosques de la Provincia del Chaco, el que deberá ser adjuntado en oportunidad de la audiencia a llevarse a cabo el día 21 de junio de 2012 a las 9, respecto de los siguientes puntos:

1) Detalle de las autorizaciones otorgadas por la Dirección de Bosques para silvopastoriles durante los últimos 24 meses.

2) Detalle de las infracciones labradas por la Dirección de Bosques por silvopastoriles no autorizados durante los últimos 24 meses.

3) Detalle de las autorizaciones otorgadas por la Dirección de Bosques para desmontes durante los últimos 24 meses.

4) Detalle de las infracciones labradas por la Dirección de Bosques por desmontes no autorizados durante los últimos 24 meses.

5) Detalle de las autorizaciones otorgadas por la Dirección de Bosques para explotaciones forestales durante los últimos 24 meses.

6) Detalle de las infracciones labradas por la Dirección de Bosques por explotaciones forestales no autorizadas durante los últimos 24 meses. En todos los casos deberá indicarse el número de Expte., número de Resolución, técnico responsable y controles, que en terreno se hallan dispuesto en cada caso, así como las fechas de realización de las inspecciones y de los profesionales y/o funcionarios y/o agentes de dicho organismo que

intervinieron en el acto, adjuntándose copias certificadas de las respectivas actuaciones.

7) Total de superficies desmontadas con autorización de la Dirección de Bosques a partir del año 2010 hasta la fecha.

8) Total de superficies con autorizaciones silvopastoriles a partir del año 2010 hasta la fecha.

9) Total de superficies de explotaciones forestales desde el año 2010 hasta la fecha.

Auditorías ambientales

En otra de las resoluciones, la magistrada pidió informes al gobierno del Chaco y al Ministerio de la Producción respecto a “si se han realizado audiencias ambientales en el territorio chaqueño y en su caso, si existen programas en ejecución en materia de auditorías ambientales e informar n mero de Decreto y/o Resolución Ministerial de suspensión de desmontes y permisos silvopastoriles, debiendo adjuntarse copias certificadas de los mismos e informar sobre su cumplimiento, en el término de cinco días de notificado”.

Convocatoria al IDACh

En la tercera resolución la jueza Grillo convocó a los representantes del Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACh) a participar de la audiencia que proseguirá el próximo 21 de junio a las 9 y de la que participan funcionarios de la Dirección de Bosques del Chaco, del Instituto de Colonización, de la Fiscalía de Estado, los apoderados de las asociaciones comunitarias indígenas que impulsaron el amparo colectivo, la organización ambientalista Greenpeace, el Centro Nelson Mandela como "amicus curiae" y el Defensor del Pueblo de la provincia del Chaco, Gustavo Corregido

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