Los denunciantes exigen la renuncia del subsecretario Millán como presidente y de miembros del Consejo de Administración. Dicen que fueron despedidos tras declarar.
Allí solicitan que "en forma urgente" nombre un interventor en el organismo, a fin de "terminar con las permanentes violaciones estatutarias y poder investigar las graves irregularidades administrativas", y así dar "transparencia a la administración de dineros del Estado Nacional y Provincial que se aportan al IDR".
Pero el planteo no se agota allí. En el escrito del 15 de setiembre, firmado por Stella Vanucci, Sebastián Baztán y Julio Blanco, se le pide a Jaque que analice los hechos a fin de determinar si Raúl Millán, "en su doble función de subsecretario (de Programación Económica) y presidente del IDR, ha violado los deberes de funcionario público".
Una petición directamente vinculada a la que, vía carta documento, Vanucci, Baztán y Blanco dirigieran el mes pasado a Millán, emplazándolo a que dejara su cargo como titular del ente.
En favor de la solicitud, los denunciantes argumentan el hecho de haber sido despedidos, junto al tesorero Luis Cisella, "ilegalmente, diciendo que caducaban nuestros mandatos, en franca violación del Estatuto, sin habernos emplazado previamente ni darnos derecho a defensa".
Pero además consideran una agravante de la decisión el haber ocurrido mientras se investigaban "las permanentes violaciones estatutarias" y las "serias irregularidades administrativas cometidas por el presidente y miembros del Consejo", en relación a los subsidios para distintos programas del sector productivo que el organismo recibe de la Nación y el Tesoro provincial. Y a la falta de supervisión del balance 2009.
Jaque no fue el único destinatario de la nota. También se les dio intervención al fiscal de Estado, Joaquín de Rosas, al Tribunal de Cuentas, al ministro de Gobierno, a la Dirección de Personas Jurídicas y a las mencionadas Comisiones de la Legislatura.
De despidos y balances
No se trata sólo de los despidos sino de la oportunidad en que se decidieron. Según Vanucci, las cesantías fueron notificadas el 11 de agosto en alusión al acta de una reunión realizada el 21 de julio.
Sugestivamente, los tres ex contralores del IDR (cargos ad-honorem, al igual que los del Consejo) habían declarado ante la Comisión de Derechos y Garantías el 27 de mayo y luego en la Comisión Investigadora del Senado ( el 14 de junio).
A través de una carta documento fechada el 10 de agosto, pidieron a Millán y los integrantes del Consejo de Administración la renuncia a sus cargos (ver facsímil). Y lo reiteraron el 1 de setiembre.
Por otra parte, la falta de supervisión interna del balance 2009 que, aún así, fue enviado al Tribunal de Cuentas es otro sostén de las denuncias. Lo que se destaca es la negativa de presentar dicha información ante el requerimiento repetido de los revisores "verbalmente, por nota y carta documento", quienes lo habían impugnado en mayo por esa razón.
El dictamen interno de los supervisores, como condición de validez de cualquier balance, está estipulado en el artículo 18 del Estatuto del IDR. Es lo que se alega para emplazar a los denunciados a dejar sus cargos, haciéndolos responsables "civil y penalmente" de los daños y perjuicios que dicha posición pudiera provocar.
En principio, la chance de intervenir el IDR cuenta con el aval opositor dentro de la Comisión investigadora. "Estamos en esa línea, más allá de los resultados de la auditoría", admitió su titular, el radical Sergio Moralejo.
Entre los legisladores priman tres elementos determinantes: la falta de dictamen de los revisores de cuentas del balance 2009, la negativa del los directivos del IDR a remitirlo y el manejo de los subsidios.
Según Moralejo "el más preocupante para las finanzas públicas, habida cuenta de que el mismo Gobierno reconoce que utiliza al IDR para evitar trabas burocráticas".
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