El fiscal de instrucción Nº2, Roberto José Mazzucco, solicitó al Juez de Control de Garantías, José Antonio Carma, la desestimación y archivo de dos causas claves que formaron parte del Caso María Soledad Morales: "Encubrimiento, Falsedad ideológica de Instrumento Público" y "Asociación Ilícita", y entre los que se encuentran involucrados el fallecido Ángel Arturo Luque y Miguel Ángel Ferreyra. El fiscal fundamenta su pedido en la prescripción de las causas, por el tiempo transcurrido tal como lo establece el Código Procesal Penal. De aceptarse su solicitud se cerraría el último capítulo judicial del caso y que fue determinante para las condenas de Luis Tula y Guillermo Luque.

Después del juicio en 1998, los jueces que condenaron a Luque y Tula dispusieron enviar a la fiscalía de instrucción Nº2, en ese momento a cargo de la fiscal María Alejandra Bartolomé, una “copia de la sentencia y de las actuaciones que resulten pertinentes conforme a las consideraciones de la misma, para la investigación de los delitos de Encubrimiento, Falsedad ideológica de instrumento público, asociación ilícita y todo otro delito que resulte perseguible de oficio”. Hoy, trece años después, dicha fiscalía solicita finalmente el archivo de las causas.

Los involucrados

Entre los involucrados en las causas se encuentra el fallecido ex legislador Ángel Arturo Luque, a quien se le endilgaba el delito de "Asociación Ilícita agravada e instigación a cometer delitos" y Miguel Ángel Ferreyra -jefe de policía en ese momento-, acusado de "Asociación ilícita agravada, instigación a cometer delitos y Encubrimiento".

La lista de acusados incluía numerosas personas, entre ellas prácticamente a todas las principales autoridades del gobierno de Ramón Saadi, también acusado: Daniel Eduardo Lucero, Manuel Ricardo Moreno, César Elías Safe, Ramón Eduardo Saadi, Dardo de Jesús Ferreyra, René Rolando Bazán, José Antonio Leguizamón, Pedro Valentín Rodríguez, Julio Roberto Sosa, Asim Asaad, Rafael Eduardo Miranda, Miguel Ángel Ramón Dahbar, Manuel Enrique Santiesteban, Oficial Principal Quiroga, Ramón Ernesto Vaquel y personal médico, de enfermería y administrativos que pudieran haber participado en tareas de reanimación del cuerpo de María Soledad Morales, por el delito de "Asociación Ilícita y Encubrimiento", al personal de la Universidad J.F. Kennedy, el delito de "Falsedad Ideológica" y a la doctora Marta Vera de Albornoz, por el delito de "Violación de medios de pruebas".

Clave

Los delitos arriba mencionados sumados a otras causas iniciadas a partir de conocido el veredicto dictado por tribunal integrado por Santiago David Olmedo de Arzuaga, Jorge Álvarez Morales y Edgardo Rubén Álvarez, terminaron en sobreseimientos o prescriptas, con lo que la condena perdió sustento, aún cuando fue confirmada con posterioridad por la Corte de Justicia de Catamarca y, posteriormente, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es que los principales testigos que empleó el tribunal para reconstruir el hecho cambiaron con posterioridad su versión. Así, mas de 30 personas fueron encausadas por el supuesto delito de falso testimonio, algunas de ellas consideradas testigos claves para las coartadas que habían esgrimido los acusados.