Hoy son más de 200 los detenidos que dependen del juzgado de Orán que están derivados en distintas penitenciarias del país, lo que se complica a la hora de cumplir con trámites referidos a las causas que se instruyen, como ser ampliación de indagatoria, careos, reconocimientos, que significan el traslado de los imputados.

En el proyecto Escudero fundamenta que a esa dificultad se le debe agregar la falta de vehículos en algunas unidades penitenciarias y de personal para custodia, a lo que se agrega la realidad de la Zona de Frontera.

El Juzgado Federal de Orán funciona desde hace más de siete años, con la misma infraestructura sin que se hayan modificado ni ampliado ni las oficinas ni los depósitos, que se ven abarrotados por el material secuestrado. Ante esa situación se elevó un pedido ante el Consejo de la Magistratura para lograr mejoras edilicias.

Por último requirió la provisión de un vehículo "dado que el que el juzgado posee se encuentra en reparación y el personal debe utilizar sus vehículos particulares para tareas oficiales como transporte de material secuestrado, inspecciones oculares, procedimientos por secuestros de estupefacientes, cortes de rutas, etc.".

Al respecto cabe acotar que actualmente existe una medida de la Corte de Justicia, dictada por su titular Ricardo Lorenzetti, mediante la cual los autos que se secuestren, en operativos antidrogas, deberán ser remitidos a ese organismo, con la finalidad se los utilice, dentro de la justicia, justamente para terminar con esas falencias.

Tal el caso del automóvil Bora, que fue utilizado dentro de la causa de los narcopolicías , en la que están detenidos Gabriel Giménez y Carlos Gallardo, fue llevado a Buenos Aires para ponerlo a disposición de la Corte.